Por Miguel Tirado Rasso
Lo que nadie esperaba, sucedió seis horas después de que, como cada 19 de septiembre, se llevara a cabo el simulacro con el que recordamos la tragedia causada por los terremotos de 1985, que enlutaron a la capital del país. Justo, 32 años después de aquella aciaga fecha, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en el estado de Morelos, a 120 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, sacudió a la capital del país y a los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, causando pérdidas humanas y graves daños materiales.
Recordamos que por decreto presidencial del 18 de septiembre de 2001, el 19 de septiembre fue declarado Día Nacional de Protección Civil, ordenándose, como parte de los actos conmemorativos, la realización, cada año, de “simulacros de evacuación de las instalaciones oficiales correspondientes, que fomenten las medidas de auto protección y auto cuidado, que ayuden a minimizar los riesgos provenientes de desastres naturales…”
Con el tiempo, esta práctica se extendió más allá del sector público y, ahora, los simulacros se llevan a cabo también en empresas privadas, porque cada vez hay mayor consciencia sobre la importancia de la cultura de protección civil.
Y, si bien, podríamos decir que ahora estamos mejor preparados para enfrentar este tipo de fenómenos, la realidad sigue mostrando nuestra vulnerabilidad ante la furia de la naturaleza. Leyes, reglamentos, capacitación y simulacros son importantes y ayudan a reducir los impactos de estos fenómenos, pero nada se puede hacer para evitarlos. Así que tenemos que luchar con los recursos que están a nuestro alcance y posibilidades y, en este plano, nuestro país cuenta con el factor más valioso que cualquier nación pueda tener: su población.
En efecto, una vez más, los ciudadanos de la capital y de otros estados de la República demostraron su enorme espíritu de solidaridad al acudir, literalmente por miles, en auxilio de quienes resultaron afectados por el terremoto. Una masiva movilización, principalmente de jóvenes incondicionalmente dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario, fue la característica de la reacción ante este desastre. Y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación evidencian la convicción y el compromiso de estos mexicanos por ayudar a sus hermanos en desgracia.
Las autoridades federales y locales han estado a la altura y, en este sentido, el trabajo coordinado entre pueblo y gobierno garantiza mejores resultados. Impacta ver la participación de familias llevando alimentos, medicinas y utensilios de trabajo a las decenas de centros de acopio que instituciones educativas, dependencias de gobierno y particulares han instalado en diversos puntos de la ciudad.
Ante esta nueva desgracia, se requiere la participación de todos y la sociedad civil ha puesto ya el ejemplo, pero faltan quienes en poco tiempo estarán pidiendo el apoyo de los ciudadanos para concretar sus proyectos políticos. Los partidos y sus actores no parecen haberse dado cuenta de la magnitud del desastre y han permanecido callados y ausentes, mientras el resto de la población se moviliza y colabora.
No se trata de que saquen provecho político de una desgracia, pero si TODOS los partidos se solidarizaran con los mexicanos damnificados y, en base a un acuerdo interpartidista, aportaran parte de sus prerrogativas para los trabajos de reconstrucción, quizás hasta algo de credibilidad podrían ganar. Porque está claro que los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no van a alcanzar.
La declaratoria de emergencia extraordinaria, emitida por la Secretaría de Gobernación, para la Ciudad de México, para 112 municipios de Puebla, 33 municipios de Morelos, 4 de Guerrero, 122 de Chiapas y 41 de Oaxaca, justificaría plenamente la desviación de recursos, aunque se trate de recursos etiquetados. Porque si no es ahora ¿Cuándo?
