Por Agustín Vargas
· Legado de corrupción gubernamental
· Vía crucis de los damnificados
· Reconstrucción, danza de cifras
Treinta y dos años después, la pesadilla que genera un terremoto volvió a sacudir a la Ciudad de México, pero ahora con fuerza suficiente para afectar a seis entidades más (Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz y Estado de México).
Tras el sismo, la tragedia y luego de ésta, el viacrucis para quienes perdieron todo y que ahora pretenden recuperar parte de sus bienes perdidos. Esto es, por supuesto, la otra tragedia.
El terremoto del 19 de septiembre de 2017 evidenció la fragilidad de la infraestructura habitacional de la Ciudad de México, pero también el legado de corrupción gubernamental de las autoridades locales que han permitido de manera sistemática desde hace más de una década la edificación de inmuebles, cuyas características no cumplieron los mínimos requeridos en los reglamentos de desarrollo urbano y construcción.
En la capital del país se derrumbaron al menos 38 edificios y cientos más quedaron severamente dañados y están a punto del colapso.
Si bien los terremotos son fenómenos naturales imposibles de predecir y menos la magnitud y gravedad de los daños que ocasionaría, lo que sí se puede prever es que las edificaciones nuevas se alineen a los estándares de seguridad que deben tener las construcción, con materiales de buena calidad, considerando que la mayor parte de la capital del país es de alto riesgo por ser zona sísmica.
De acuerdo con el recuento preliminar de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), que encabeza Miguel Angel Mancera Espinosa, sobre los inmuebles dañados por el terremoto, son 3,480 edificios afectados; de éstos, 321 edificios han sido clasificados como inhabitables y deberán ser demolidos, muchas de ellos construidos no hace más de 10 años, en la euforia del boom inmobiliario.
Peritos en construcción habían revisado 7,649 inmuebles; 321 edificios han sido clasificados como inhabitables. Del total de revisados, 688 están en condición amarilla, es decir, que son habitables, pero los familiares no necesariamente podrán regresar a sus viviendas de inmediato.
La corrupción en la edificación de muchas de esas construcciones es tan evidente, que ahora la propia Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) delegación Ciudad de México, exige generar un programa de reconstrucción de la capital del país “basada en una reforma a la ley que permita un desarrollo urbano controlado, que no dé pie al otorgamiento de permisos de construcción con base en la corrupción, ni con materiales de baja calidad que no estén verificados y autorizados por las autoridades correspondientes”.
Es decir, el propio gremio empresarial exige tanto a los empresarios y autoridades dejar de lado las prácticas deshonestas y ya no construir de manera irregular.
Vía crucis para damnificados
Decíamos líneas arriba que después de la tragedia que provocó el sismo del 19 de septiembre pasado, con las lamentables pérdidas de vidas, viene la otra tragedia, la de los damnificados, aquéllos que de la nada y en cuestión de segundos perdieron todo y que ahora tendrán que buscar la forma de resarcir parte de esos daños.
Por ejemplo, los dueños de departamentos colapsados o demolidos tendrán que enfrentar un largo camino para recuperarse de esta situación, pues ahora tienen que asumir la incertidumbre acerca de qué va a pasar con los derechos que adquirieron con esas propiedades que desaparecieron.
Se ha hablado mucho en los últimos días sobre los mecanismos que podrían utilizarse para reclamar sus propiedades. Sin embargo, hay mucha confusión y nada claro al respecto.
Por un lado la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, hace referencia que los condóminos serán dueños de sus departamentos, así como de espacios compartidos (patios, azoteas, jardines o áreas de esparcimiento) de manera proporcional.
La ley establece que “el derecho de copropiedad de cada condómino sobre las áreas y bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de propiedad privativa, fijada en la escritura constitutiva del condominio”.
Hasta ahí todo parecería entendible, pero se habla de un edificio que existe, pero en este caso ya no es así, porque el inmueble se derrumbó o será demolido, para lo cual debería ocurrir que el terreno se tendrá que dividir entre el número de dueños propietarios que había en ese inmueble.
Pero resulta que la extensión del terreno seguramente no alcanzará para cubrir la cantidad de metros que tenía cada departamento, porque estaban construidos de manera vertical, es decir hacia arriba, uno del otro, lo cual genera confusión y alarma. Más aún se podrá traducir en un problema mayor.
De cualquier forma, la propiedad de los dueños perderá valor de mercado, porque lo que se ve en un inmueble de este tipo es la construcción de departamentos sobre el terreno.
Lo que sí es un hecho, es que a pesar de que las personas que adquirieron sus inmuebles con créditos hipotecarios y aún no habían terminado de pagarlo antes del derrumbe, cuentan con seguros que cubren las hipotecas, por lo que sus adeudos quedarán cubiertos y lo que reste del seguro, se les entrega a los dueños. Al menos, eso es lo que les ampara en el contrato original de apertura de crédito hipotecario, por lo que los afectados deberán hacerlo valer.
Ojalá también se dé cumplimiento cabal a los esquemas de apoyo que con bombo y platillo ha anunciado el gobierno federal para atender a la población afectada en su bien patrimonial luego del sismo del pasado 19 de septiembre, y para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, elaboró un esquema integral de apoyo para facilitar el inicio de la reconstrucción y reparación de las viviendas.
Entre otras cosas contempla dar acceso a las personas físicas a créditos preferenciales con recursos federales, estatales o municipales, para la reconstrucción o reparación de sus viviendas según el grado de afectación que registren.
Sin duda, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que preside Mario Di Constanzo Armenta, ahora más que nunca deberá estar atenta a la actuación de bancos, aseguradoras y entidades financieras relacionadas con el mercado inmobiliario para que, efectivamente, atiendan a sus clientes y no abusen de ellos para no hacerles efectivos los seguros.
Reconstrucción, danza de cifras
Había transcurrido una semana desde el sismo del 19 de septiembre, más devastador que el del día 7 de ese mismo mes, y ya se tenía la cifra del costo de la reconstrucción de los estados afectados, incluida la Ciudad de México.
La reconstrucción costará alrededor de 38 mil 500 millones de pesos. Esta cifra considera los trabajos de reconstrucción de centros escolares, vivienda, hospitales y recintos culturales, entre otros.
Lo anterior lo dieron a conocer autoridades de diferentes rubros en una reunión de evaluación que sostuvieron con el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.
Algunos de los rubros considerados, y de los cuales se dio un costo aproximado, son: reconstrucción de Chiapas y Oaxaca, 6 mil 500 millones de pesos; reconstrucción de escuelas, 13 mil millones de pesos.
Atender afectaciones en entidades como Morelos, Puebla, Edomex y la CDMX, 10 mil millones de pesos; reconstrucción de recintos culturales e históricos, 8 mil millones de pesos.
Eso es, según los cálculos oficiales, lo que costará la reconstrucción, pero antes de darse a conocer esa cifra, se ha dado tal cantidad de datos al respecto que se ha convertido en una danza de cifras, que nadie a la fecha atina a calcular con exactitud a cuánto ascenderá el costo total.
Pero lo que si ya se ventila en círculos financieros y políticos es la posibilidad de ajustar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año y con ello la Ley de Ingresos, por lo que se teme, por un lado, mayor endeudamiento o bien aplicar nuevos impuestos. El objetivo será generar más recursos para hacerle frente al gasto por la reconstrucción. Ese será, mejor dicho, el pretexto.
