Por Agustín Vargas
· Falsedad de declaraciones e implicaciones judiciales
· Bancomer, demandado por gandalla
· Bojórquez levanta voz en tiempo de campañas
De acuerdo con la más reciente encuesta de servicios notariales en la capital del país, presentada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de la México, que preside Sara Cuevas Villalobos, entre la población hay cada vez una mayor motivación y confianza hacia la seguridad jurídica para la protección de los bienes patrimoniales.
Pero no sólo eso, los datos que arroja el trabajo de investigación de ese órgano colegiado, revelan también que esta mayor confianza hacia la seguridad jurídica se aprecia también en otros ámbitos, como el político.
Esto cobra especial relevancia debido al momento político electoral por el que atraviesa el país, en donde los candidatos a puestos de elección popular, comenzando por los que aspiran a la Presidencia de la República, asumen compromisos con la población, que en la mayoría de los casos aquéllos no cumplen ni un ápice de lo que prometen.
Y es que según la encuesta que presentó el notariado de la Ciudad de México, la mayoría de la ciudadanía (63%) considera que firmar un compromiso ante notario obliga realmente a quien lo firma a cumplirlo.
De hecho, el 76% de la población cree que los candidatos a cargos de elección pública deberían firmar sus compromisos ante un Notario Público, pues ello da una mayor confianza en que se va a cumplir el compromiso.
El asunto de la firma de compromisos ante Notario Público por parte de los candidatos a puestos de elección popular no es nuevo. El propio Presidente Enrique Peña Nieto tuvo la ocurrencia de acudir a un notario para que éste diera fe de los compromisos que asumió ante el pueblo mexicano cuando era candidato presidencial.
Estamos a menos de un año de que termine la administración del señor Peña Nieto y sus compromisos con la población siguen sin cumplirse y sinceramente se duda que ello ocurra en los meses que le quedan al frente de la Presidencia de la República.
Lo novedoso de este tema, quizá, es el hecho de que los candidatos al firmar ante notario público sus promesas con el electorado, lo hacen bajo protesta de decir verdad, lo que significa que si el firmante no cumple con dichos compromisos incurre en el delito de falsedad de declaraciones, lo cual tiene implicaciones jurídicas de carácter penal.
El Presidente Enrique Peña Nieto y quienes hayan firmado ante notario sus compromisos incumplidos, estarían en ese supuesto. Falta por ver ahora que candidato o candidata se sujeta a esa práctica electorera para quedar o verse bien ante los votantes.
Pero más importante aún, sería ver quién o quiénes estarían dispuestos a interponer las denuncias por el delito de falsedad de declaración para que las autoridades correspondientes procedan penalmente. Estaríamos, pues, ante una situación inédita.
Bancomer, demandado por gandalla
En el sector inmobiliario hay indignación por la forma como se ha comportado el área hipotecaria de BBVA Bancomer, que comanda Marco Zamudio, como administrador de un fideicomiso de una importante cartera de créditos hipotecarios, razón por la cual fue demandado a fines del año pasado.
Resulta que ha dispuesto a su antojo y beneficio de los inmuebles adjudicados relacionados con dichos créditos, sin tomar en cuenta a las demás financieras participantes en el fideicomiso.
Los demandantes le exigen una dación de pago equivalente a los inmuebles que ha transferido “erróneamente” y una serie de garantías para evitar que continúen con esa práctica de mercado abusiva, además de resarcir los daños ocasionados.
La pregunta es: ¿estarán enterados Luis Robles y Eduardo Osuna, presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de esta institución?
Bojórquez levanta voz en tiempo de campañas
Vaya revuelo que causó el presidente tanto de la empresa Sucroliq como de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Enrique Bojórquez Valenzuela, con sus declaraciones en la conferencia de prensa que se realizó para anunciar la próxima celebración del Segundo Congreso Internacional de la Industria Azucarera, organizado por la consultora especializada Zafranet.
Y es que se lanzó duro contra el “acuerdo” azucarero que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, “negoció” el año pasado con las autoridades comerciales y agrícolas de Estados Unidos.
Los titulares de importantes periódicos, noticiarios de televisión y radio y sitios de internet lo dicen todo: “La industria azucarera nacional es presa de un acuerdo desbalanceado con EU”; “En el tema del azúcar claramente no se hizo una buena negociación”; “El gobierno mexicano ha hecho una mala defensa de la industria azucarera con EU”; “Ven pérdidas en trato azucarero bilateral”; “Acuerdo azucarero sale caro”.
Sin embargo, algunos otros se enfocaron a la parte social del asunto: “El TLCAN no ha beneficiado a los trabajadores de la industria azucarera”; “Acuerdo azucarero con EU costará 543 mdd a cañeros”; “Pierden azucareros con acuerdo de exportación”; “Gobierno olvida al sector azucarero, denuncian”.
Estamos hablando de la nada despreciable suma de más de 443 mil trabajadores entre productores y cortadores de caña, transportistas, obreros sindicalizados y administrativos, que van a votar en las elecciones presidenciales de este año.
Buen timing de Enrique Bojórquez para llamar la atención de potenciales votantes y para que se sepa quiénes definitivamente no están de su lado y por consiguiente el partido al que pertenecen. Dé por un hecho que insistirá en el tema.
