Rogelio Varela
Como ocurre con la llegada de los nuevos gobiernos se revisan contratos que ponen en entredicho el Estado de Derecho.
Fíjese que ha llamado la atención como a bote pronto Marybel Villanueva Canché, senadora del Estado de Quintana Roo por Morena emitió en días pasados una exigencia para que el Gobierno del Estado revoque la concesión para la distribución de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan.
Empero, los signos de interrogación aparecieron ya que hace cuatro años la propia Villanueva Canché, como legisladora del PRI, avaló y aprobó la concesión a favor de Aguakan.
Se trata de una concesión en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), y la ampliación hasta el 2053, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), un negocio valuado en más de mil millones de pesos.
El caso es que nadie sabe qué llevó a la legisladora a contradecir sus decisiones aunque queda claro que cualquier decreto de revocación de concesión se debe hacer con fundamentos legales, ya que la pasada legislatura puso candados para impedirlo.
Ahora será el Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que preside el propio gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien tenga la última palabra si se retira o no la concesión que le comento.
La ruta del dinero
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