Por Rogelio Varela
Con la llegada del nuevo gobierno se espera que cambien los procesos para licitar las compras públicas.
Fíjese que al cuarto para las doce, y cuando en diciembre pasado se ventilaban en el poder judicial expedientes de interés nacional como eran los amparos a la Ley de Remuneraciones del Sector Público se realizó una licitación que ha levantado el sospechosismo.
Antes de cerrar el año y aún con Luis María Aguilar como integrante del pleno, el 28 de diciembre el (CJF) entregó un contrato de servicios de telecomunicaciones con valor mínimo de 2 mil 400 millones que en lugar de fomentar la competencia enfrentó serias restricciones o de plano desapareció
La Judicatura, que debería ser ejemplo de cumplimiento de las leyes y justicia convocó a una licitación apresurada, con plazos muy cortos y con restricciones excesivas para los potenciales participantes
El CJF convocó dicha licitación a sólo un mes del vencimiento del contrato que tenía con Telecomm; y luego, estableció que en solo 3 días naturales el ganador diera continuidad al servicio; y, por si eso fuera poco, fijó un plazo de 4 meses para la implementación total de servicios – todo esto es imposibles en un proceso serio de licitación de servicios de telecomunicaciones. Es decir una licitación dirigida a un solo jugador.
Esto no bastó a la Judicatura, pues implementó una “evaluación financiera” excesiva y contraria a las normas vigentes, con requisitos de liquidez, estabilidad y rentabilidad que son ajenos a los procesos de licitación – otra vez limitaciones.
Inclusive fue tal el sesgo de los encargados de la licitación en el CJF que incluso pusieron trabas a la presentación de propuestas conjuntas que hubieran representado una competencia real a Telmex.
Ahora con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la presidencia de la SCJN, y por tanto al CJF, se esperan cambios en la forma de ver y hacer valer la justicia, incluso dentro de los procesos de compra del poder judicial.
La ruta del dinero
En más de lo mismo fíjese que el Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (IDET) acaba de denunciar que el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con Telmex, el jugador dominante en las telecomunicaciones, para el desarrollo de los programas Ciudad Segura y Ciudad Digital, por supuesto sin mediar licitación pública alguna. El caso es que el IDET señala que la adjudicación de contrataciones públicas a favor del agente preponderante vulnera seriamente la competencia en el sector de telecomunicaciones. El programa Ciudad Segura inició en 2010 e involucra la gestión de 15 mil 300 cámaras de video vigilancia conectadas al C5. Por lo que refiera a Ciudad Digital se trata de una iniciativa para llevar enlaces WiFi a lugares públicos como son parques y bibliotecas. El malestar en la industria es que no se abrió el proceso a otras empresas… La Bolsa Mexicana de Valores que dirige José Oriol Bosch celebró el Programa de Fortalecimiento del Sector Financiero anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla la reducción en el cobro de ISR cuando una empresa enajene acciones a través del mercado bursátil. Y es que en 2018, como no se veía en muchos años, no hubo ninguna salida a bolsa por la incertidumbre.
