Por Rogelio Varela
En el diagnóstico de las causas que explican que la economía mexicana no puede crecer más rápido está la ausencia de competencia en varios sectores.
No es un tema menor, sobre todo si pondera la alta concentración de pocos jugadores en varias industrias, lo que ha comenzado a ser cuestionado por los legisladores.
Como es público un grupo de legisladores ha solicitado que comparezca la titular de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el poderoso ente antimonopolios que comanda Alejandra Palacios Pardo que un día sí y otro también anuncia la apertura de investigaciones sin que hasta el momento haya grandes consecuencias.
Para no ir tan lejos Palacios ha sido omisa en el momento de revisar la alta concentración en el mercado financiero, y donde se habla de favoritismo hacia ciertos jugadores.
La Cofece, como muchos reguladores autónomos ha estado en la mesa de debate por el ajuste presupuestal que ha impreso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien al igual que su partido Morena quisiera ver resultados de la gestión que realiza Palacios Pardo no obstante que esta en su derecho el ente antimonopolios de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar el impacto de la Ley de Remuneraciones aunque al final fue el máximo tribunal quien le tuvo que enmendar la plana.
Sin embargo, para muchos el desgaste de Palacios Pardo con el presidente López Obrador ha empañado su gestión donde como le digo se abren expedientes, pero no existen mayores resultados. En otras palabras, existe mucho ruido, pero pocas nueces.
La duda de los legisladores es si la mandamás de la Cofece esta en entredicho por las presiones de los grandes jugadores de muchas industrias, y por ello la expectación que existe en el Senado sobre la permanencia de la funcionaria.
La ruta del dinero
En la Secretaría de Cultura, que encabeza Alejandra Frausto, parece que el llamado anticorrupción que hace el Presidente de la República, no les ha quedado claro a algunos de sus funcionarios. Lo anterior porque de repente y sin argumentos legales para los interesados, la dependencia le adjudicó de forma directa a la empresa Gerlim S.A. de C.V. el jugoso contrato por el servicio de limpieza integral. Este contrato comprende del 12 de febrero al 31 de diciembre de este año, y por el que se le pagará a la empresa aproximadamente 3.4 millones de pesos al mes, sin contar el IVA. Siendo la justificación por parte de la dependencia que la decisión se tomó “por los tiempos recortados”, así que un “usted disculpe” fue suficiente para notificar el fallo, sin licitación pública de por medio. Y es que basta recordar que durante la administración de Enrique Peña Nieto, siete de cada 10 contratos firmados con los principales proveedores del gobierno fueron por adjudicación directa, lo que ha sido ampliamente criticado por la 4T, incluida la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien ha dicho que se trata de un procedimiento poco recomendado por su carencia de competencia, además de estar reglamentado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
