Por Rogelio Varela
Le decía que el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Mario Alberto Rodríguez Casas, ha quedado mal parado por mentir.
El viernes pasado aseguró que no realizó ninguna invitación a proveedores para la contratación de servicios de limpieza, pero Compranet evidenció lo contrario.
Resulta que el 20 de febrero lanzó la solicitud de oferta (técnica-económica) para el proceso de adjudicación directa AA-011B00001-E3-2019 referente a la contratación del “servicio integral de limpieza que requiere el IPN”.
Dos días después, el secretario de administración de la institución educativa, Jorge Quintana, firmó un comunicado en el que asegura que la Secretaría de Hacienda, y no el IPN, será la encargada de los procedimientos de licitación consolidada para la adquisición de servicios de limpieza y otros como jardinería, fumigación, papelería y artículos escolares.
Sin embargo, expuso, en dado caso de que el Poli estuviera a cargo, el servicio de limpieza se adquirirá mediante licitación pública y no por invitación a proveedores o por adjudicación directa ¡vaya mentira!
La actuación de Quintana sólo fomenta la sospecha, pues ya en ocasiones anteriores fue señalado por haber cotizado el servicio a dos empresas que pertenecen a la misma persona: Tecno Limpieza Ecotec S.A. de C.V. y Grupo Profesional de Servicios U4 S.A. de C.V.
Mientras a Quintana lo agarran infraganti, el trámite de adjudicación directa está en pie, ya que el servicio debe estar contratado a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2019.
El proceso ha sido tan opaco que ni siquiera habrá junta de aclaraciones de las bases. Ojo, será este martes cuando se acepten las propuestas de las empresas interesadas en participar y el fallo se dará el miércoles, todo de la noche a la mañana. Me refiero a un contrato al menos por 20 millones de pesos por mes, así que Rodríguez Casas debe poner orden si de verdad quiere ir acorde a la bandera anticorrupción de la 4T.
La ruta del dinero
Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores y es lo que ocurre en la cooperativa más importante de México, La Cruz Azul. Resulta que ahora Víctor Garcés, ex-director jurídico de la cooperativa y vicepresidente del club deportivo, demanda por la vía legal a la dirección general por supuestos malos manejos en el control de la marca del equipo de fútbol que lleva el nombre de la misma empresa. Habrá que recordar que el mismo Garcés fue hace poco más de cuatro año separado de la cooperativa por orden de la Asamblea General, el máximo órgano rector del grupo, al detectarse manejos irregulares, fraudes y enriquecimiento ilícito con fondos de los mismos cooperativistas lo que derivó en su desincorporación definitiva de la organización cementera. Pero a esos dimes y diretes añada a las autodenominadas Cruz Hadas, esposas de directivos que hoy enfrentan a las autoridades también por temas de enriquecimiento ilícito, extorsión, acoso sexual y violación. Concretamente me refiero a Víctor Manuel Velázquez, Jorge Cruz y José Antonio Marín, que por orden judicial se encuentran suspendidos de sus labores administrativas y de consejo. En otras palabras, el ruido proviene de personajes y grupos que enfrentan acusaciones que siguen en tribunales mientras crean una cortina de humo.
