Por Rogelio Varela
Cuánta razón tiene la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Pardo al señalar que hay grandes dificultades para la instalación de nuevas plantas de gas LP y gasolineras.
Textualmente dijo: “es complicadísimo instalar una estación de servicio y el Gobierno tiene que hacer cosas para remover barreras”
Por desgracia, son las propias autoridades las que impiden la competencia efectiva en este sector, debido a que ponen todo tipo de trabas para la instalación y operación de una planta de gas LP.
En los últimos años los trámites y obligaciones se han incrementado de manera sustancial. Entre SENER, ASEA, CRE, SE, STPS y SHCP se han impuesto 28 nuevas obligaciones a través de 12 regulaciones distintas.
Si lo vemos desde el punto de vista monetario, el costo de instalar una planta de gas LP se ha incrementado en 350 por ciento, para llegar a 7.5 millones de pesos, solo en la tramitología requerida.
Además, el tiempo para la apertura del negocio se ha incrementado tres veces desde que inició la reforma energética, ya que en el cumplimiento de los trámites y requisitos intervienen autoridades municipales, estales y federales, situación que induce a la corrupción para acelerar los tiempos de respuesta, principal problema que acertadamente quiere erradicar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Palacios reconoce que esta problemática genera una gran concentración del capital y de los servicios: “Hay cinco grupos importantes de gas LP en el 63 por ciento de las regiones del país, en donde sólo opera uno de esos cinco”. Estos cinco grupos al controlar el mercado han incrementado su presencia y sus beneficios. Tan sólo durante el 2018 su margen de utilidad de operación creció 91%, según las investigaciones de la Cofece.
La Comisión reguladora de Energía (CRE) que trabaja en forma paralela a la Cofece, reconoce que tiene 85 trámites en revisión que por “tortuguismo” o problemas burocráticos no los aprueba y estudios vinculados con la Cofece señalan que por meses e incluso por años los permisos se frenan y se encuentran en el cajón de alguna oficina de la CRE o de otras instancias. Por las tardanzas, la sobre regulación y los costos excesivos las empresas se arriesgan a trabajar sin cumplir las reglas, con una gran inseguridad legal, por lo que simplemente realizan limitadas inversiones para construir la infraestructura mínima para operar.
La ruta del dinero
Le comento que en Pemex Exploración y Producción siguen limpiando el tiradero que dejó el exdirector, Javier Hinojosa Puebla, a quien no sólo se le señala por corrupción en la asignación de contratos millonarios, sino que su mala gestión fue determinante en la pérdida de la producción de crudo. La merma la confirmó la Auditoría Superior de la Federación, que comanda David Colmenares Páramo. Resulta que la producción de crudo tuvo sus peores momentos con Hinojosa Puebla a la cabeza, es decir, a partir de 2015. En el 2014, la producción fue de 886 millones 500 mil barriles y en 2017 se desplomó a 711 millones 116 mil barriles. Esperemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente de forma exitosa el plan de recuperación de la empresa productiva del Estado.
