Por Rogelio Varela
Todo parece indicar que desde la llegada de Alberto Ortiz Bolaños al Instituto Fonacot, las plazas se han entregado a cercanos y no a personal con capacidades, conocimientos y experiencia suficiente en el ramo. Por el contrario, quienes cumplen todas estas características habrían sido separados de su cargo injustificadamente.
Resulta que en 2019 se llevaron a cabo una serie de despidos sin fundamento, además de existir versiones sobre que los inconformes fueron amedrentados con ser llevados a juicio si oponían resistencia.
Entre los servidores públicos que quedaron fuera del Fonacot se encontraba Enrique Mendoza Morfín, quien a su llegada al organismo era conocido como los ojos y oídos de la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien en últimas fechas se ha mantenido distanciada de Ortiz Bolaños.
En contraste, durante el año transcurrido, se contrató a Óscar Carvallo como director de Planeación Financiera, a pesar de que no tiene experiencia en instituciones financieras: mientras que como Subdirector de Nuevos Productos se incorporó a Carlos Chaim, aún cuando es abogado y el área se encarga de mercadotecnia.
Otros ejemplos son, el Director de Crédito, Subdirector de Mesa de Control y Subdirector de Gestión. En el primer caso se trata de Fernando Mendieta, quien no se había desarrollado en puestos dedicados a otorgamiento de crédito; en el segundo de Gabriela Palacios quien también obtuvo el puesto sin experiencia alguna; mientras que en el último ejemplo, Julio Michala se desempeñaba anteriormente como asistente de investigación.
Dichos movimientos en el personal han colocado en tela de juicio el manejo que realiza Ortiz Bolaños en Fonacot por claras ineficiencias. Uno de los casos que han empañado su administración es la acelerada aprobación e inicio de operaciones del Fondo de Protección de Pagos, sobre el cual no se ha podido explicar su funcionamiento ante el Consejo Directivo.
El problema es que el Fondo debe operar mediante cuentas individualizadas, no mediante una bolsa común, al hacerlo caería en actividades de mutualidad y quebrantaría la Ley de Seguros y Fianzas.
Dicha actividad podría estarse realizando ya que las aportaciones únicas que realizan los acreditados resultan insuficientes para cubrir casos de desempleo, invalidez o fallecimiento. Sin duda una alerta para Hacienda de Arturo Herrera y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de Ricardo Ochoa.
La ruta del dinero
La Entidad Mexicana de Acreditación que lleva Jesús Cabrera apagará hoy las velitas del pastel al celebrar su 21 aniversario como organismo responsable de vigilar el cumplimiento y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y otras regulaciones internacionales. Su labor apoya sin duda a la sociedad mexicana al garantizar que productos y servicios ofertados en el territorio nacional cuentan con requisitos mínimos de seguridad y salubridad que garantizan la integridad de los usuarios. Este organismo, que desde su creación dirige María Isabel López, cuenta ya también el aval de organismos internacionales como la Internactional Acreditaction Forum (IAF) y la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
