Rogelio Varela
Ojo con lo que pasa en Veracruz, pues se podría estar fraguando algo turbio al interior de la operación de la estructura aduanera del puerto. Nos referimos a Juan Manuel Velázquez Yunes, administrador del sistema de gobernanza de la aduana, y Oliver Aguilar Yunes, administrador central de equipamiento e infraestructura aduanera.
Ambos tienen sueldos de 115 mil 220 pesos brutos al mes y 136 mil 745 pesos, respectivamente. Pero lo que más llama la atención es que ambos son gente de confianza del exgobernador príista Javier Duarte de Ochoa. Por un lado, Aguilar Yunes fue dirigente del PRI en Veracruz en tiempos Duartistas, y Oliver Aguilar es el principal involucrado en las empresas que se constituyeron de forma ilegal y que pusieron como socios a hoy funcionarios de primer nivel de la 4T.
Como podemos ver, ambos manejan los hilos de áreas clave en aduanas gestionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, pero no sólo eso, los dos personajes decidieron no hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en la plataforma DeclaraNet, que maneja la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, pese a ir en contra de la transparencia que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador para sus funcionarios.
Además, si le rascamos unos sexenios atrás, se puede encontrar que en 2002, mientras Velázquez Yunes se desempeñaba en la Secretaría de Economía, el veracruzano se declaraba dueño de seis terrenos, dos casas y una bodega que juntos tienen un valor de 26 millones 600 mil pesos; además de joyas, cuentas bancarias y un automóvil a su nombre.
La situación no queda ahí, pues hay indicios de nepotismo toda vez que Velázquez es esposo de Faride Oliva Ahued, sobrina de Ricardo Ahued, actual administrador general de Aduanas, además de venir arrastrando un conflicto familiar, pues su hermana Verónica lo ha acusado penalmente por despojo de propiedades.
Por su parte, Oliver Aguilar Yunes es hijo de Juan Aguilar de la Llave, exsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz. En dicho estado es bien sabido que era íntimo del exgobernador jarocho.
La ruita del dinero
Se espera que en breve Adalberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se pronuncie respecto al informe de Administración de Riesgos presentado por el Comité de Auditoría del Fonacot, ya que en él identificaron irregularidades y violaciones a la ley en la operación del Fondo de Protección de Pagos, que aprobó el director Alberto Ortiz Bolaños. Junto a esta observación, también se identificaron fallas en la seguridad informática, las cuales paralizaron al Instituto a nivel nacional durante una semana a finales de 2019 y provocaron la pérdida de más de 50 millones de pesos. Más grave resulta que la información está en manos del equipo de Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo, dependencia que tiene en su poder la remoción de Ortiz Bolaños, quien ha demostrado su desconocimiento y falta de experiencia para llevar las riendas del Fonacot.
