Por Rogelio Varela
En el tema del outsourcing aunque han voces radicales, todo indica que se optará por los acuerdos.
No es extraño que exista temor del sector privado por los alcances que podría tener la legislación para regular la subcontratación, sobre todo a la luz de políticas públicas adoptadas en temas como la compra de medicinas, y ni que decir con el etiquetado frontal.
Como es público esta semana inició en el Senado la mesa de alto nivel para analizar el dictamen sobre subcontratación, también conocido como tercerización.
La intención de este encuentro, propuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Avila, tiene como propósito destrabar un asunto deshilvanado y, paralelamente sentar a todos los actores para armonizar la propuesta que se llevará ante el pleno para ser votada.
Es de sobra señalar que en este ejercicio se escuchan y atienden todas las voces.
Es más, en este propósito, se planteó la sesión permanente bajo la batuta del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales.
El caso es que será hoy cuando se vuelvan a sentar todos los actores acreditados en este análisis artículo por artículo.
Monreal ha logrado que gobierno federal, legisladores, empresarios y los sectores social y sindicalista tengan una agenda común de trabajo, a fin de que todos los involucrados disipen sus dudas y prevalezca la justicia social y el aliento a la inversión.
Como le digo, el trabajo fino de Monreal permite alejar medidas radicales, no obstante que el esquema mencionado deja pérdidas anuales al erario por más de 21 mil millones de pesos anuales por evasión al fisco ya que la subcontratación pasó de ser un recurso valioso para las empresas a formar parte de los mecanismo para la simulación para evadir el pago de impuestos.
El caso es que el legislador zacatecano esta por la búsqueda de consensos y quiere lograr una regulación de la subcontratación que no castigue a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario y que no respetan los derechos de los trabajadores.
Así ha sucedido en México por décadas las leyes que se diseñaron se desdeñaron, y favorecieron a unos cuantos ó simplemente se ignoraron por quienes se beneficiaron de una etapa que ha pasado a la historia. Todo indica que eso cambiará.
La ruta del dinero
Bien por la alcaldía de Cuajimalpa, que cerró 2019 con el Premio Nacional al Buen Gobierno por sus éxitos en materia de seguridad pública, y ahora la encuesta realizada por la firma Caudae Estrategias coloca a Adrián Rubalcava como el alcalde mejor evaluado en la Ciudad de México. El munícipe alcanzó una aprobación de 69.7 por ciento por mejorar calles, vialidades, espacios públicos y, sobre todo, la seguridad. Los datos hablan por sí solos, al iniciar su segunda administración tenía sólo 4 patrullas y 80 agentes en dos turnos para cuidar a 200 mil residentes, más los 400 mil fluctuantes que visitan la zona financiera; a un año de gestión, la demarcación tiene 144 patrullas y 352 uniformados por turno. Sin duda las inversiones y esfuerzos los antepone al tema de seguridad e infraestructura.
