Por Rogelio Varela
En el Instituto Fonacot siguen las dudas sobre las maniobras realizadas por el equipo de Alberto Ortiz Bolaños para conseguir las firmas de todos los miembros del Consejo Directivo, con el fin de avalar el acta de la sesión que sostuvieron el viernes pasado por medios electrónicos, ante la imposibilidad de reunirse debido a las medidas de sana distancia que aplican en el país para evitar la propagación del COVID-19.
Resulta que este mismo lunes, el organismo reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los acuerdos logrados, por lo que se sospecha que aún no cuentan con el acta original signada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Luisa María Alcalde; Hacienda de Arturo Herrera; la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez; y Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Manuel Villalobos.
Así como el representante del Congreso del Trabajo, Fernando Rivas Aguilar; la CTM, asesorada jurídicamente por Juan Moisés Calleja; la CROM, cuyo secretario de conflictos es Felipe Peredo; la CROC cuyo oficial Mayor es Javier Freyre; además de César Millard en su calidad de vicepresidente de las comisiones de Trabajo en la Concamín; a la Concanaco-Servytur, presidida por José Manuel López Campos; así como de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, al mando de Gustavo de Hoyos.
Las versiones que se escuchan en los pasillos del Fonacot aseguran que el asunto está relacionado con la salida del Abogado General del Instituto, Juan Simitrio Rodríguez Herrera, quien fue separado del cargo luego de que surgiera una supuesta pérdida de confianza sobre sus funciones, la cual tendría raíz en la “atenta nota” en la que el exfuncionario expuso una serie de irregularidades cometidas en el proceso de aprobación del Fondo de Protección de Pagos.
Dicha situación habría provocado que Ortiz Bolaños se encontrara en la cuerda floja frente a la titular de la Secretaría del Trabajo, quien según fuentes cercanas analiza su sustitución por alguien con las credenciales necesarias.
El panorama es grave, ya que el litigante acusa que su firma fue falsificada en la renuncia con la que finalmente fue removido del cargo en el que fue colocado por la Consejería Jurídica, que lleva Julio Scherer. Así, se despierta un claro llamado de atención para la Comisaria de la Secretaría de la Función Pública, Paola Cerda Sauvage, quien debe vigilar la legalidad de las sesiones de dicho Consejo.
La ruta del dinero
Nada que Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, puso el dedo en la llaga de la 4T al estimar que la crisis económica por el COVID-19 será inédita y puede tardar 19 meses, básicamente porque dilatará en recuperar las cadenas productivas que se pierdan. Al participar en el Acuerdo Nacional para Superar la Crisis Económica, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, coincidió con el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo en el sentido que debe reactivarse el sector productivo de manera diferenciada. Y bueno, la postura de Acevedo choca con los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se trata de una crisis económica transitoria.
