Rogelio Varela
Un nuevo desencuentro entre gobierno y sector privado está en ciernes.
Fíjese que luego del madruguete que aplicó la secretaría de Economía, de Graciela Márquez Colín al Sistema de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC), e incluso hacia otras dependencias del Gobierno Federal con la presentación del Proyecto de la Ley de Infraestructura de la Calidad, varios organismos empresariales se han unido para ser escuchados y que las autoridades estén abiertos a quejas y sugerencias.
Empresarios agrupados a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de Francisco Cervantes, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), de Bosco de la Vega, y recientemente la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), de Hugo Gómez, han cerrado filas para ejercer presión a la Comisión de Hacienda en el Senado, que preside Alejandro Armenta, y que dicha ley se discuta a Parlamento Abierto.
En una misiva, a la cual también se espera que se sumen otras agrupaciones empresariales, que enviaron directamente al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, los industriales afirman que resulta preocupante que este proyecto se centre en la calidad, dejando a un lado la salud, la seguridad o el medio ambiente, cuando deberían ser prioritarios, además de contemplar una invasión de las competencias de otras autoridades por parte de la Secretaría de Economía.
De hecho, los primeros en levantar la mano en respuesta a la convocatoria que se abrió desde el 25 de marzo pasado, fueron precisamente los afiliados a la Concamin, quienes además de reiterar su molestia por el hermetismo de la Dirección General de Normas, de Alfonso Guati, expresaron diversas preocupaciones por este proyecto.
Además, a decir los afiliados al organismo empresarial, esta ley presenta múltiples inconsistencias y contradicciones al carecer de una técnica legislativa adecuada y propone que el Estado retome actividades que hoy realiza el sector privado, como la evaluación de la conformidad y la acreditación, sin que se asignen a las dependencias recursos adicionales, entre otras problemáticas.
Por ello, lo que se busca es que la Ley se discuta en Parlamento Abierto y se lleven a cabo mesas de trabajo para analizar a profundidad este proyecto que abrogaría la actual Ley de Metrología y Normalización, pues los puntos a discutir son fundamentalmente técnicos y especializados que tienen repercusiones importantes en todas las cadenas productivas y en la población.
Los organismos aún se encuentran elaborando un documento detallado con sus observaciones técnicas, mismas que serán enviadas a dicha comisión, sin embargo, dejaron firme su postura al considerar que sería más conveniente modificar la actual Ley de Normalización, pues no es, siquiera, sustancialmente diferente al proyecto de Ley, esto para evitar crear confusión en su aplicación.
El caso es que la 4T no pierde oportunidad para que en plena pandemia se alimente la confrontación con los empresarios.
