Rogelio Varela
La localidad de Lázaro Cárdenas en Michoacán no solo la crisis económica y de desempleo derivada del confinamiento porque la presidenta municipal Itze Camacho se empeña en imponer su voluntad alimentando lo que parece una vendetta personal contra la acerera ArcelorMittal, mayor empleador no solo del mencionado municipio, sino de la entidad, olvidando atender el estado de derecho.
Desde finales del 2019, el ayuntamiento decidió hacer una actualización del impuesto predial municipal, esperando obtener de la acerera, un cobro retroactivo de cinco años por 132 MDP, a pesar de que sus cuotas por este rubro fueron pagadas. Esta exigencia de la municipalidad es ilegal según el artículo 14 de la constitución mexicana. Además, exigen un cobro adicional al incremento superior del 70% de su valor catastral actual.
Desde entonces, la administración que precede Camacho, somete la entrega de licencias de cualquier rubro exigiendo previo pago del predial. Es decir, en términos ciudadanos, si usted necesita un acta de defunción, certificado médico o un permiso para poner un local, no lo tendrá aunque ya haya pagado su predial en tiempo y forma, porque ahora le falta pagar el retroactivo que se inventó la morenista.
