Por: Miguel Tirado Rasso
A la recién concluida Legislatura LXlV, promovida como la “de la paridad de género”, se le habrá de recordar por su muy complaciente actitud ante el Ejecutivo, sus triquiñuelas para alcanzar una mayoría calificada de legitimidad cuestionable y su descuido en el desempeño legislativo.
Una Legislatura que nos regresó cinco lustros en la historia, al alcanzar el partido en el poder, Morena, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Mayoría que, desde 1997, cuando tras 68 años de hegemonía política la perdió el PRI, cedió el paso a una nueva etapa, hasta entonces desconocida, de “gobierno dividido”, en la que el Ejecutivo y los diputados de su partido tendrían que negociar con las oposiciones, la aprobación de las leyes.
Esta nueva realidad, de pluralidad parlamentaria, benéfica para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, se prolongó hasta la elección de 2018, en la que el fenómeno lopezobradorista arrasó electoralmente, dándole a su partido un peso definitorio que, con sus aliados, y algunas artes poco escrupulosas, impuso su voluntad en la Cámara de Diputados, al alcanzar la mayoría calificada, regresando a los tiempos del carro completo, los del partido aplanadora. Entonces, el diálogo y la negociación con las oposiciones dejaron de ser indispensables para la aprobación de las iniciativas de Palacio, inclusive las reformas a la Constitución y, así nos fue.
Haciendo gala de su peso parlamentario, la bancada de Morena en San Lázaro optó por convertirse en el brazo ejecutor de la Presidencia para la aprobación de sus iniciativas de ley, renunciando, en los hechos, a su autonomía y a su papel de contra peso para el equilibrio de poderes, como lo dispone nuestra Carta Magna. En un concepto erróneo sobre la lealtad con el Ejecutivo, los diputados de Morena supusieron que su función legislativa consistía en aprobar, “sin modificar ni una coma” las propuestas de ley, de Palacio.
Bajo esa óptica, cualquier modificación u observación, se interpretaría como un acto de deslealtad, una oposición al proyecto de la 4T, aunque hubiera errores evidentes que debían ser corregidos para que las iniciativas cumplieran su objetivo. La negativa a revisar y debatir los proyectos de ley con las bancadas de oposición, a escuchar opiniones de expertos, de sectores afectados, de investigadores, dio lugar a que varias de las principales propuestas legislativas de la 4T tropezaran en su etapa de aplicación por violaciones constitucionales y, actualmente, su cumplimiento esté suspendido por mandato judicial.
La Consultoria Integralia publicó un interesante reporte sobre el desempeño de la LXlV Legislatura, en donde destaca la falta de un trabajo legislativo profesional y responsable. De acuerdo a este informe, del primero de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2021, se interpusieron, al menos, 32 demandas de inconstitucionalidad y 18 controversias constitucionales, “y cientos- si no es que miles- de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso” por, presuntamente, ser violatorias de nuestra Ley suprema.
Habría que señalar que, las prisas y las aprobaciones al vapor, característica del trabajo de esta legislatura, dieron lugar a leyes imperfectas cuya impugnación generalmente ha sido procedente con amplias posibilidades de éxito. La Consultora contrasta estos números con los del primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que sólo se presentaron 12 demandas de inconstitucionalidad y ni una controversia.
El reporte de Integralia, señala que la Legislatura que recién concluyó, incumplió con la obligación de expedir, dentro de los plazos que ella misma se fijó, 46 leyes reglamentarias de preceptos constitucionales, indispensables para construir los medios necesarios para su aplicación. Ejemplos destacados de los problemas originados por la falta de leyes secundarias, con impactos políticos y mediáticos, son la consulta para sancionar a los mandatarios del pasado y la de la revocación de mandato.
El reporte hace referencia a la sobre representación, que le permitió a Morena y sus aliados, con una votación de 49.5 por ciento, llegar hasta el 61.6 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, y al transfuguismo que, de 191 diputados asignados por el INE al partido del gobierno para la conformación de los grupos parlamentarios, “una semana después, contaba ya con 246 diputados, de los cuales 55 provenían de otras bancadas.”
Otro tema interesante sobre la pasada Legislatura, es el perfil de los aspirantes de Morena, cuya selección incluyó la muy democrática fórmula de la tómbola, por lo que la experiencia, capacidad, formación académica y trayectoria, no fueron precisamente, los elementos que sirvieron de base para elegir a sus candidatos. De 256 diputados únicamente 29 tenían alguna experiencia legislativa federal.
La nueva Legislatura, la LXV, repite la historia, en su conformación, de las de la segunda mitad del sexenio presidencial de los últimos tres gobiernos, de una sana pluralidad parlamentaria, lo que obligará a la bancada de Morena a negociar las iniciativas de ley con las oposiciones, porque los números no le alcanzan para prescindir de ellas.
