A las desarrolladoras de vivienda les puede pasar lo mismo que al caballo del español: ya que se estaba acostumbrando a no comer simplemente se murió.
Cuando menos, esta es la política que sigue paso a paso Jorge Carlos Ramírez Marín, flamante secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Ramírez Marín, más político que administrador y con nula experiencia en el sector vivienda, en lugar de reconocer los errores del gobierno federal en materia de desarrollo urbano, se la ha pasado justificando su indecisión, y la falta de inversiones en el sector, con el argumento de que no es que la política pública en materia de vivienda esté mal, sino que son las malas decisiones de las desarrolladoras las que han generado la debacle.
En diversos foros el titular Sedatu ha argumentado que el sector va muy bien y que sólo las desarrolladoras públicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son las que se encuentran en problemas debido a su falta de visión.
Si así fuera, simplemente habría que dejar que todas las grandes empresas que cotizan en bolsa quiebren, y problema resuelto.
Empero, la realidad es mucho más compleja y tan sólo en los primeros cuatro meses del año se han perdido 90 mil empleos en la industria de la construcción y, de mantenerse la tendencia, se calcula que a lo largo del sexenio se perderá un millón de empleos en ese sector.
En el caso de viviendas nuevas, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a contar con más de 500 mil casas adicionales en el 2013.
El caso es que ya estamos a la mitad del año y no se ve cómo se pueda cumplir ese compromiso público, lo que exigirá una explicación al secretario Ramírez Marín al jefe del ejecutivo.
Y es que los datos son contundentes. Según el propio secretario de Sedatu las cuatro grandes desarrolladoras, precisamente las que tienen mayores problemas, construyen 17 por ciento del total de las casas nuevas. Es decir, si restamos esa participación a la promesa de 500 mil viviendas, nos arroja 85 mil casas que no se pueden construir, porque la autoridad no ha liberado los recursos correspondientes para el pago a las empresas.
Añada que el propio Infonavit ya reconoció que durante este año no se podrán construir 150 mil casas que se tenían previstas, debido a que no se han fijado las regulaciones correspondientes de desarrollo urbano por el nuevo gobierno, y por supuesto para el otorgamiento de subsidios.
Pero lo peor de todo no es que tan sólo las grandes desarrolladoras estén en problemas. Sino que el sector en su conjunto no cuenta con los lineamientos básicos de los lugares y la manera en que se puede construir (desarrollo vertical u horizontal).
En consecuencia, sólo algunas de las viviendas que ya estaban en proceso desde el sexenio pasado son las que se lograrán construir a lo largo de este año y, con cálculos optimistas, no pasarán de 200 mil casas.
Mientras tanto, el desempleo se amplía en el sector construcción y la falta de vivienda nueva al tiempo se convertirá en otro cuello de botella para la economía.
