Última actualización el octubre 18, 2024
Tiempo de lectura: 3 minutosPor: Agustín Vargas
- Proceso de controversias incierto
- Inestabilidad política a conveniencia
- Fuerzas armadas, riesgo
- AMPI facilita operaciones
Después de la publicación de la reforma que modifica diversas disposiciones de la legislación electoral se han promovido controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha desatado una serie de análisis por parte de diversas instituciones públicas y privadas, pero también ha derivado en especulaciones por parte de los oficiosos de la política y la economía.
Uno de esos análisis es el que realizó recientemente el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) en el que apunta que quizá lo más importante en la aduana del periodo de elecciones y transición sea lo que suceda con el llamado “Plan B” de la reforma electoral que aprobó el Congreso.
Aunque existen solidos indicios a favor de la protección los derechos políticos y la democracia, lo cierto es que el resultado de ese proceso es aún incierto. En este sentido, dicho centro de estudios dibuja tres escenarios:
Uno, que la SCJN declare la nulidad del “Plan B” por violaciones al proceso legislativo en su aprobación, lo que sería óptimo, pero poco probable.
El segundo sería que la Corte resolviera la inconstitucionalidad del “Plan B” y sus efectos, de manera que la elección presidencial y federal del 2024 se realice con la norma electoral anterior a la reforma legal.
Este escenario es el que menos riesgos presenta para la estabilidad del país y su economía, pero no está exento de ellos, ya que el gobierno podría asfixiar financieramente al Instituto Nacional Electoral (INE), incapacitándolo para organizar una elección que cumpla con todos los requisitos legales, en cuyo caso los riesgos serían similares a los siguientes.
El tercer escenario sería que el “Plan B” fuera declarado constitucional por la SCJN, como desea el Ejecutivo en su intención de provocar inestabilidad política que sirviera a sus objetivos de preservar transexenalmente el movimiento de la “cuarta transformación”, consolidando un partido hegemónico de Estado.
La inestabilidad política referida podría resultar en la judicialización del proceso electoral por varias circunstancias posibles como la nulidad de la elección o el desconocimiento de los resultados, entre otras. Con un INE debilitado por las restricciones presupuestarias y las condiciones establecidas por la reforma del Ejecutivo, el régimen podría validar su “triunfo” e invalidar el de la oposición según lo requiera en su momento.
Ello traería un retroceso sumamente grave en la democracia nacional. Las consecuencias negativas sobre el país serían inmediatas, obstruyendo su modernización, pero también con riesgos económicos graves.
Un contexto de este tipo podría exhibir las debilidades latentes en la economía, como insostenibilidad fiscal, debilidad del aparato productivo y apreciación real excesiva (“sobrevaluación”) del peso, entre otros, y generaría incertidumbre hacia el futuro.
Es importante no perder de vista y considerar seriamente el papel de las fuerzas armadas. En un escenario de inestabilidad política esto representa otro riesgo no visto desde la revolución mexicana hasta el inicio de los gobiernos civiles.
AMPI facilita operaciones
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que preside Ignacio Lacunza Magaña, puso en marcha su plataforma cibernética VALOResAMPI, con el objetivo de facilitar operaciones inmobiliarias, evitar fraudes y acercar a compradores y vendedores.
Es una plataforma de comercialización que permitirá incrementar el intercambio de operaciones con todos los asociados inmobiliarios del país, con lo que esa asociación da un paso importante en la transformación digital de este sector, con servicios confiables y seguros.
Es la nueva bolsa inmobiliaria, con la que AMPI se hace presente en el mercado PropTech. Un entorno digital que ofrece herramientas de valor para los asociados que colaboran con las más importantes unidades de valuación del país.