Por: José Antonio Chávez
La negativa que anunció ayer Citi en Nueva York para dejar sin efecto la venta de su filial Banamex, prendió focos rojos en Palacio Nacional.
El Presidente López Obrador estaba de mal humor con sus colaboradores porque de ser firme la negativa de vender Banamex, estaría perdiendo unos dos mil millones de impuestos que por compra venta le tocarían a su gobierno.
Ese es lo que le duele al Presidente que no logró concretar esa operación, tal vez porque los ahuyentó con el retiro de la concesión de Ferrosur a Germán Larrea, el principal tirador a comprar Banamex.
López Obrador adelantó que haciendo cuentas, con esos dos mil millones que deberán pagar por impuestos, solo les quedaría de dar, a los dueños de Banamex unos tres mil millones que serían recaudados por el Estado y una parte minoritaria d ellos inversionistas.
Ya lo tenían, incluso hasta bautizado con el nombre de Banamex Bienestar.
Si bien el proceso que el gobierno federal ejecutó contra Germán Larrea de intervenir o quitar la concesión del tramo de Ferrosur en la ruta de Coatzacoalcos, Veracruz considerada elemental para el proyecto sexenal del Presidente del Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec en Oaxaca, que unirá el Golfo con el Pacifico en una clara alternativa al canal de Panamá, fue correcto, definitivamente generó reacciones negativas para los propietarios de Citi Banamex.
Las declaraciones de Germán Larrea que le decomisaron Ferrosur, no es más que una declaración fuera del contexto de las propuestas que recibió del Estado.
En consecuencia, decir que los militares tomaron las instalaciones del tramo de esa industria ferroviaria, generó momentáneamente incertidumbre al inversionista.
Lo que no dijo Larrea es que quería cobrar más de nueve mil millones de pesos al gobierno de López Obrador para poder hacer uso de esos tramos que servirán al proyecto del Itsmo.
El enojo del Presidente y ejecutar esas acciones de intervenir Ferrosur, fue porque el personal de Germán Larrea cayó en una soberbia y arrogancia extraordinaria y dejó de tomar las llamadas al secretario de Gobernación, Adán Augusto.
Pero no es la primera vez que Larrea actúa con esa arrogancia, basta recordar que en 2014, la mina Buenavista del cobre, que es de su propiedad con Grupo México, vertió 40 mil litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos de Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora donde se ubica también la famosa mina de Cananea, también de su propiedad.
Obviamente generó una contaminación mayúscula en nueve municipios por donde cruzan esos ríos, con miles de habitantes afectados. El problema generó la rápida intervención del entonces gobierno federal que buscó tratar el asunto con Germán Larrea.
Bueno, a pesar que gobernaba el PRI con Peña Nieto, Germán Larrea les hizo fuchi y no los peló hasta que vio la mano dura por las sanciones que se le anunciaron. Fue el procurador Federal del Medio Ambiente (Profepa). Guillermo Haro que sobrevoló esa región afectada para determinar el grado de daños provocado por ese derrame en los ríos.
Además, en ese sobrevuelo descubrió que había una presa propiedad del entonces gobernador panista, Guillermo Padres. En consecuencia, el gobernador no veía ni escuchaba las quejas de los habitantes de los 9 municipios y Larrea simplemente se placeaba como si nada en la ciudad de México.
Ahora que Banamex retiró la oferta para venderlo a ese empresario, producto de esta problemática de Larrea con el Presidente, provocó otro enojo mayúsculo al que manda en Palacio Nacional que sin duda le cobrará la factura, todavía más caro al señor de las minas, de eso no tenga ninguna duda.
En consecuencia, la pesadilla de Larrea está empezando, el enojo de AMLO también y la incertidumbre al inversionista ni se diga, Banamex y todos, prácticamente salieron perdiendo.
Bajo lupa violentadores y deudores alimentarios
Una buena noticia ofrecieron los senadores liderados por Ricardo Monreal y los diputados de Ignacio Mier, que lograron, con el voto unánime d ellos legisladores de todos los colores cristalizar la Ley 3 de 3, que entre otros puntos la suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, se les cierran las puertas a violentadores y deudores alimentarios.
Es decir, que ningún deudor alimentario que es desobligado del deber con los hijos, por no cumplir en tiempo y forma con su manutención, podrá ocupar algún cargo de elección popular, ni podrá desempeñarse como funcionario público, tampoco podrán hacerlo todos los que han sido o tienen sentencia firme como agresores de una mujer.
Bueno, ahora si que por fin una ley logró llevar de la mano en común acuerdo a todos los senadores y diputados federales para aplicar esta Ley que era urgente para evitar que los agresores o violentadores con las mujeres (esposas, parejas, novias etcétera) queden en la impunidad por falta de leyes. Hoy es federal y está más que firme, no hay salvación.
