· La capital, infestada de construcciones irregulares
· Invea suplirá deficiencias de Seduvi
Los abusos, manejos oscuros y truculentos no cesan por parte de las desarrolladoras en perjuicio, desafortunadamente, de los consumidores. En este espacio hemos documentado en diversas ocasiones el descalabro financiero que enfrentan las grandes viviendas como Geo, Urbi, Homex y Sare, principalmente, mismo que ya arrastró a otros varios sectores, como al bancario y al de seguros, y que amenaza extenderse a otras ramas de la economía.
Todo esto, por supuesto, derivado de la ambición desmedida que afecta a la población. El caso es que, en la Ciudad de México el fenómeno de aquéllas parece que se repetirá, pues diversas constructoras de tamaño medio se han dado a la tarea de desvirtuar la reglamentación para edificar vivienda supuestamente de interés social, pero que, en realidad, la venden como media residencial o residencial. Se trata, incluso, de construcciones irregulares.
Claro que esto sólo sería posible con la anuencia y corrupción de algunas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en particular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de funcionarios delegacionales.
El problema ha crecido como bola de nieve y hasta el momento nadie ha intervenido de manera efectiva para darle una solución.
Desafortunadamente, las construcciones irregulares en la capital son un problema que se ha incrementado paulatinamente, distorsionando el espíritu de la creación de la Norma General de Ordenación para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular número 26, ya que la misma permite la construcción de más niveles sobre la edificación.
Si bien esta reglamentación, mejor conocida como Norma 26, fue suspendida de manera temporal para tratar de arreglar la situación de las construcciones irregulares, muchas de las cuales se realizaron bajo el esquema de subsidios para su desarrollo, por el supuesto carácter de vivienda de interés social y luego son ofertadas como semiresidenciales o residenciales con precios elevados, lo cierto es que esta práctica está muy arraigada en casi todo el Distrito Federal.
A suplir deficiencias
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya tomó cartas en el asunto a petición de la diputada Miriam Saldaña, quien presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por la Comisión Permanente, con el que exhorta a las 16 delegaciones para instruir al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que realice visitas en las construcciones dentro de sus circunscripciones.
El objetivo será comprobar que dichas edificaciones amparadas bajo la llamada Norma 26 cumplan con lo establecido y no se aprovechen de ella para violar el uso de suelo permitido en cada demarcación, como hasta el momento sucede de manera crítica en varias delegaciones del Distrito Federal.
Las delegaciones en donde se presentan mayores irregularidades por parte de empresas constructoras que inician una construcción bajo la Norma 26 para proyectos de vivienda de interés social y después, mediante argucias, cambian el proyecto para obtener mayores ingresos, están: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
Según el punto de acuerdo, el Invea, supliendo las deficiencias de Seduvi, deberá verificar que las construcciones que se realizan en cada delegación cumplan con las leyes de Desarrollo Urbano y Uso del Suelo.
La Norma 26 establece una limitante para su aplicación, mediante el precio final de venta de cada unidad de vivienda, donde sólo puede alcanzar un valor final máximo de 709 mil pesos, es decir entre 20 y 30 salarios mínimos vigentes anualizados.
Cabe señalar que la diputada Miriam Saldaña también denunció en días pasados la construcción irregular de unos departamentos de lujo en la delegación Coyoacán, en el número 2 de la calle Rafael Oliva, en el barrio de San Mateo, que inicialmente se ampararon bajo dicha norma para iniciar la edificación.
No obstante, la empresa Cima Oliva S.A. de C.V. actualmente construye 75 estancias de lujo con un valor de hasta un millón 530 mil pesos, lo que visiblemente viola la esencia de la Norma General de Ordenación para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular número 26, mencionó la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la ALDF.
