La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) define el espectro radioeléctrico como “el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 GigaHertz”. Como recurso estratégico que es, además de escaso y estrictamente necesario para los servicios móviles actuales, su asignación es uno de los pilares para lograr los objetivos de cobertura, convergencia y competencia que busca el gobierno.
Adicionalmente, esta Ley señala en su artículo 23 que la SCT podrá cambiar o reasignar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas, entre otras razones, por la introducción de nuevas tecnologías. Dadas las recomendaciones de diversos organismos internacionales, que han declarado que algunas frecuencias son óptimas para otorgar servicios de banda ancha móvil de nueva generación, diversos países, entre los que se encuentran EUA, Inglaterra, Canadá, Chile y Brasil, han optado por implementar políticas públicas para la reasignación del espectro radioeléctrico con miras a promover un uso y aprovechamiento más eficiente del mismo en beneficio de la población. Con ello, no sólo se beneficia a los consumidores mediante tecnologías más eficientes a menores precios, sino que el acceso generalizado de la población a estos servicios permite obtener mayores ganancias a los operadores, además de contribuir a la reducción de la brecha digital, aumentando por consiguiente el bienestar social.
En México, la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones dicta como prerrogativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones la supervisión y planeación del espectro radioeléctrico con el objetivo de asegurar su óptimo aprovechamiento. Para ello deberá elaborar un registro de atribución de frecuencias en donde se mantengan actualizados los usos y límites que el mismo Instituto determine, como instrumento de control de la concentración nacional y regional del espectro.
Así también, la publicación de bases para la licitación de frecuencias de TV radiodifundida, programada para finales de febrero próximo, procurará el funcionamiento eficiente de los mercados, atendiendo a los principios de universalidad y garantía de acceso a la información para los usuarios.
Finalmente, se establece en la Reforma la realización de un Programa Nacional de Espectro a cargo del Ejecutivo Federal, el cual ordenará una asignación eficiente de frecuencias, especialmente en las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz, con miras a empatar con la innovación tecnológica, la creación de servicios de comunicación avanzados y la promoción de la competencia.
Resulta entonces central democratizar la tenencia espectral, ya que repartir este recurso en diferentes manos facilita la oferta de mejores servicios y menores precios en el mercado a través de la competencia, aumentando directamente el bienestar del consumidor. Adicionalmente, al licitar las frecuencias entre varias empresas, el gobierno tiene mayores posibilidades de acertar en cuanto al cumplimiento de los objetivos de dicha concesión, basados en el avance tecnológico y la capacidad, tanto técnica como financiera, de las empresas beneficiadas. Esto puede reflejarse en nuevos jugadores importantes, lo que es relevante para un sector que se encuentra urgido de competencia.
Todas estas acciones y procedimientos están encaminados a lograr un uso más eficiente del espectro, lo que representa una gran oportunidad para ampliar la cobertura y competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Una óptima atribución de frecuencias, mediante las licitaciones correspondientes, se traduce en mayores beneficios para los consumidores en términos de cobertura, calidad y precio de los servicios.
