-La autoridad buscará que toda la riqueza que salga del país hacia ‘Paraísos Fiscales’ tribute en México con base al marco legal vigente.
-Si bien no es delito invertir en el extranjero, los contribuyentes que canalicen capitales fuera del país deberán tener máximo cuidado para evitar que sus operaciones sean consideradas acciones de evasión fiscal por parte de la autoridad, advierten especialistas de la Firma.
La autoridad fiscal del país echará mano este año de los 38 acuerdos de intercambio de información firmados con naciones con nula o baja imposición tributaria para garantizar que las inversiones de contribuyentes mexicanos que canalicen inversiones a esos destinos paguen impuestos de acuerdo con el marco legal vigente, advirtieron especialistas de Ernst & Young.
Se trata de una gran iniciativa de fiscalización que obliga a los contribuyentes que destinan inversiones al extranjero a tener máximo cuidado para evitar que sus operaciones sean consideradas como defraudadoras del fisco mexicano, coincidieron en destacar Ricardo Villalobos y Jorge García, socios del área fiscal de Ernst & Young.
“No es delito invertir en el extranjero ni es pecado llevar capitales a los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, cada operación de inversión en el extranjero se debe hacer conforme a la Ley para minimizar riesgos que puedan derivar en problemas muy serios con la autoridad fiscal”, destacó Villalobos.
Junto con Precios de Transferencia, el de la fiscalización a inversiones mexicanas en el extranjero será un tema muy relevante para los próximos meses, pues la autoridad está afinando la lupa para no perder el control del dinero que sale de México y asegurarse que tributen a efecto de alcanzar las metas de recaudación fiscal proyectadas para este año.
“Si bien no existen cifras oficiales que dimensionen el fenómeno de evasión por este tema, el perder el control de la riqueza que va o se genera en el extrajero y que debe tributar en México es un factor de preocupación para la autoridad y por ello invocará los acuerdos de intercambio de información para hacer que la ley se cumpla”, destacó Villalobos.
México vive un entorno fiscal complicado. Desde hace cuatro años no existe una reforma importante en la materia y el estimado de recaudación -focalizando esfuerzos a la misma base de contribuyentes- para este año por parte de las autoridades hacendarias es de 1.4 billones de pesos, monto idéntico al proyectado para el 2011.
Aunado a este escenario doméstico, las finanzas públicas están supeditadas, además de al cumplimiento -voluntario u obligado- del contribuyente-, al entorno económico internacional y a los factores decisión para canalizar inversiones.
“Es justo aquí donde los acuerdos bilaterales suscritos por México toman relevancia pues faculta a las autoridades a solicitar y en su caso obtener información de otras jurisdicciones respecto a transacciones que inversionistas mexicanos estén realizando con el fin de verificar que dichas operaciones se apegan al marco legal vigente”, comentó Jorge García, socio del área de Impuestos de Ernst & Young.
México tiene a la fecha 38 acuerdos de colaboración firmados con países de nula o baja imposición fiscal con el fin de verificar que las operaciones de contribuyentes -personas físicas o marales- que destinen su patrimonio a esas naciones conocidas comúnmente como Paraísos Fiscales.
