Distritos y unidades de riego ceden voluntariamente a la nación 2 mil800 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a tres años completos de consumo en la CDMX
Una de las primeras políticas públicas del gobierno federal que recién inicia es un acuerdo para garantizar el acceso al agua como derecho humano.
El tema involucra no sólo al gobierno también partición empresas y comunidades que tendrán que ceder parte del agua al que tienen acceso.
Me refiero al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que se suscribió en días pasados y que contó con la participación de todos lo gobernadores.
Se trata, sin duda, de un reconocimiento que México debe mejorar su gestión del agua para garantizar su acceso, pero también el buen uso de la misma en las actividades productivas.
Este acuerdo es liderado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que lleva Efraín Morales López, y como le digo, también se han subido al mismo la academia, el sector privado y las comunidades.
Por lo que toca al sector privado el compromiso es devolver de manera voluntaria 126 millones de metros cúbicos de agua, así como realizar inversiones por más de 21 mil millones de pesos donde buena parte se canalizará a la mejora de procesos para alcanzar ahorros.
Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el 52.8% del territorio nacional se encuentra en condiciones de no sustentabilidad hídrica, un fenómeno que se ve agravado por el cambio climático, que intensifica fenómenos como sequías y huracanes. En este contexto, el acuerdo busca establecer una visión de largo plazo para que México cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente el Objetivo 6, que busca garantizar agua limpia
y saneamiento para todos hacia 2030.
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado el 24 de noviembre de 2024, establece una hoja de ruta clara para afrontar los desafíos relacionados con el agua en México. Este acuerdo se fundamenta en los 10 Compromisos por el Agua, que tienen como propósito mejorar la gestión hídrica del país.
Uno de los compromisos clave es garantizar el acceso equitativo al agua, especialmente para las comunidades vulnerables y marginadas que históricamente han tenido limitaciones para acceder a este recurso esencial. Este compromiso tiene como objetivo no solo ofrecer soluciones inmediatas, sino también sostenibles, priorizando la construcción de infraestructura básica y el uso de tecnologías innovadoras, como los sistemas de captación de agua de lluvia, para asegurar un abastecimiento constante y seguro.
Los 10 compromisos por el agua son los siguientes:
- Acceso equitativo al agua: Garantizar el acceso suficiente, seguro y constante al agua para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.
- Uso eficiente del recurso: Aplicar tecnologías y procesos innovadores que optimicen el uso del agua en sectores clave como la agricultura, la industria y las ciudades.
- Fortalecimiento de la infraestructura hídrica: Ampliar y modernizar la red hidráulica nacional para mejorar la captación, distribución y tratamiento del agua.
- Reducción de la contaminación: Establecer regulaciones más estrictas y promover la restauración de ríos, lagos y acuíferos para mantenerlos libres de contaminantes.
- Resiliencia frente al cambio climático: Implementar soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación y la rehabilitación de humedales, para mitigar los efectos del cambio climático.
- Recuperación de concesiones: Reintegrar volúmenes de agua concesionada a las reservas estratégicas del país.
- Tecnificación del riego agrícola: Fomentar sistemas de riego más eficientes para mejorar el uso del agua en la agricultura.
- Reuso y tratamiento del agua: Impulsar inversiones en plantas de tratamiento para la reutilización y el uso responsable del agua.
- Innovación científica: Apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico para la conservación y distribución eficiente del agua.
- Estrategias regionales personalizadas: Desarrollar planes hídricos adaptados a las necesidades y condiciones específicas de cada estado de la federación.
La ruta del dinero
Ya le he comentado que la inseguridad que azota a Sinaloa sigue impactando a la economía. Por lo pronto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en una carta dirigida a la opinión pública y a las autoridades de ese estado expresó su preocupación por los hechos de violencia en los que comerciantes de esa entidad están sumergidos desde hace meses. La cartahabla de un deterioro de significativo de las actividades, así como el bienestar de aquellas comunidades al grado que ya se presentan fenómenos de desabasto de mercancías y productos básicos. ANPEC si bien reconoce los esfuerzos del gobierno para enfrentar esa compleja situación, refiere intensificar las medidas necesarias para garantizar el suministro constante de bienes. “Es necesario destacar el impacto directo que la inseguridad tiene sobre el comercio local donde los co0merciates han experimentado dificultades para recibir mercancías debido al temor de los transportistas y proveedores, lo que de riva en un desabasto que impacta directamente en los comercios comprometiendo la disponibilidad de productos básicos y esenciales y, por ende, en las familias que dependen de ellos”, Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC. El caso es que la falta de condiciones seguras para el transporte y distribución de mercancías amenaza con agravar el desabasto y limitar la
capacidad de los comerciantes para satisfacer las necesidades de la población y “la inseguridad y la violencia pueden generar desabasto al afectarse las cadenas de suministro.
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