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Golpe a mineras

Foto tomada del sitio web de la Camimex
Tiempo de lectura: 3 minutos

Aunque el Plan México involucra al sector minero no significa un cambio en el ambiente de inversión que requiere ese sector para incentivar al mercado interno

Aunque en los tiempos de la 4T no se han creado nuevos impuestos ni tampoco se han elevado los ya existentes por el lado del cobro de derechos el gobierno federal ha encontrado fuentes adicionales de recursos fiscales.

Un ejemplo es el cobro de contribuciones a las empresas mineras que además ha venido de la mano de regulaciones que afectan futuras inversiones afectando su competitividad.

Así, el paquete económico aprobado a finales del año pasado impone un incremento de 7.5 a 8.5 por ciento al llamado derecho especial minero, a lo que habrá que sumar el aumento de 0.5 a 1 por ciento en el derecho extraordinario, que significan impuestos espaciales a la extracción minera.

Habrá que decir que el impuesto especial a las empresas mineras se estableció en el 2014 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al igual del que se cobra a gasolinas y refrescos, tal parece que llegó para quedarse.

Se trata de impuestos a las regalías mineras y para empresas productoras de metales preciosos.
El impacto para la industria ha sido evidente ya que desde 2015 la inversión se ha mantenido en niveles muy similares a pesar de los buenos precios que han tenido varios productos.

Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) refiere que en 2012 las empresas invirtieron más de 6 mil millones de dólares y diez años más tarde esa inversión ronda los 5 mil millones de dólares.

Y bueno, como le decía en la parte regulatoria el sector enfrenta la falta de permisos y restricciones en exploración desde la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que podría inhibir inversiones por más de 6 mil 900 millones de dólares que se pensaban
destinar a nuevos proyectos.

Se sabe que el llamado Plan México que se presenta hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo involucra al sector minero, pero en lamentablemente no modifica el ambiente de negocios que le comento.

El caso es que la fuerte carga tributaria y la ausencia de estímulos fiscales hacen de México un destino caro para invertir en minería y restan competitividad a empresas establecidas frente a las de otros países.

A ello añada una regulación poco expedita, discrecional y con una fuerte carga ideológica, que han frenado a la industria y han impedido que el país desarrolle su alto potencial minero, donde el riesgo es que nos convirtamos en importadores de minerales de países como Perú, Chile y Canadá donde si existen estímulos a esa industria.

Otro tema no menor, en la coyuntura que le comento, es que el ambiente adverso al sector minero en nuestro país propicia costos operativos más altos, lo que se refleja en aumento en el precio de
minerales y dificulta que México compita en el mercado internacional siendo el impacto mayor en empresa medianas que han visto reducir flujos y ganancias.

El caso es que estados como Sonora, Zacatecas y Chihuahua — altamente dependientes de la minería–, podrían sufrir por la reducción de inversiones, empleos y aportaciones económicas directas de las empresas mineras, y como el digo, lamentablemente en los planes del llamado segundo piso de la 4T no hay a la vista incentivos para un sector que puede ser motor del mercado interno.

La ruta del dinero

La gobernadora Mara Lezama Espinosa atestiguó la firma de un convenio sobre 113 hectáreas en la zona arqueológica de Ichkabal, en el ejido de Bacalar, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades del núcleo agrario. La firma de ese convenio permitió la apertura al público de ese sitio desde la semana pasada, lo que fue atestiguado por el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, así como por autoridades de la Procuraduría Agraria. Quintana Roo es el estado con el mayor número de zonas arqueológicas mayas con un total de 11 sitios, y con la firma del Convenio de Ocupación Previa se inicia el proceso de expropiación de una superficie de 113.78 hectáreas de tierras hoy pertenecientes al Ejido Bacalar y que corresponden al área núcleo de esa gigantesca zona arqueológica.

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