El tribunal constitucional revisará la próxima semana la parte de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que refiere a la renovación del registro demarcas
Cuando prevalecen enormes dudas sobre la implementación de la reforma judicial un tema técnico, pero de enorme impacto para la economía y la inversión, llegará la próxima semana a la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Me refiero a la postura del tribunal constitucional en relación a la renovación de registros de marcas.
La SCJN que tiene como ministra presidenta a Norma Piña revisará no sólo un artículo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), también la credibilidad del país ante sus compromisos internacionales y la estabilidad jurídica que empresas e inversionistas nacionales y extranjeros necesitan.
El tema lo tiene la Primera Sala de la Corte que discutirá si los titulares de marcas registradas en México tienen derecho a renovar su registro dentro de un plazo de seis meses tras su vencimiento, tal como lo establece el artículo 237 de la ley vigente. ¿Por qué importa tanto? Porque ese periodo de gracia es fundamental para la operación de miles de empresas. Permite subsanar omisiones administrativas sin perder la protección de una marca, que muchas veces representa el activo más valioso de una compañía.
Eliminar o desconocer tal derecho abriría la puerta a que marcas con presencia internacional quedaran en el limbo jurídico, o peor aún, que, de mala fe, fueran aprovechadas por terceros. Eso, en un país que ha venido luchando contra la piratería y el comercio ilegal.
Por lo pronto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que lleva Santiago Nieto ha impulsado acciones relevantes como la “Operación Limpieza” en Sonora, donde se decomisaron más de un millón de productos piratas por un valor superior a 150 millones de pesos. Y Marcelo Ebrard, desde la Secretaría de Economía, no ha escatimado en señalar la necesidad de proteger la propiedad industrial como motor del desarrollo.
Sería una contradicción que el Poder Judicial desdijera todo ese esfuerzo, amén que se pondría en entredicho lo acordado por México en el seno del Protocolo de Madrid, u acuerdo que facilita la protección de marcas en múltiples países con una sola solicitud, y al cual están adheridas más de 110 naciones.
Si México desconoce de facto una de sus disposiciones clave pondría en entredicho la viabilidad de operar marcas internacionales en territorio nacional, lo que sería un golpe bajo para la inversión.
Organizaciones como la INTA (International Trademark Association), representada en México por Sergio Barragán, y la AMPPI (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual), presidida por José Alejandro Luna Fandiño enfrentarían dificultades para la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de ahí la relevancia que la SCJN confirme la constitucionalidad de la ley —como está redactada— y honre los tratados internacionales que México ha firmado.
La ruta del dinero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se sale del librito y sostuvo ayer en la Mañanera del Pueblo que insistirá con Estados Unidos por a ruta de la negociación, ahora para evitar un arancel de casi 21 por ciento a las exportaciones de jitomates, que afecta al 98 por ciento de las exportaciones de la legumbre. El presidente Donald Trump ha cedido a las presiones de los agricultores de Florida que desde su primer mandato ven como competencia desleal al jitomate mexicano que significa para nuestro país ingresos por más de 2 mil 700 millones de dólares al año, y como imaginará el nuevo arancel contraviene al TMEC, al igual que la tarifa aplicada al acero, aluminio y automóviles… Los socios de Cooperativa La Cruz Azul celebraron su asamblea general ordinaria para dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas y sus bases constitutivas. El actual presidente de la cooperativa, Víctor Manuel Velázquez Rangel rindió su informe anual de resultados financieros, legales y operativos tanto de la cementera, como de todas las empresas que integran el Grupo Cruz Azul, entre ellas el club de futbol. Velázquez se refirió a las decisiones que determinarán el rumbo de La Cruz Azul en los próximos años tales como la incorporación de nuevos socios e integrantes de sus consejos, así como el desarrollo de sus unidades industriales, la mejora de sus sistemas de salud con la apertura de farmacias y tiendas de conveniencia, así como inversiones en infraestructura y tecnología, y la obtención de créditos para financiar la construcción de la nueva planta cementera en Campeche.
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