Las obras que la Corrupción Nacional del Agua ejecuta en el Río Tula, bajo el discurso de “saneamiento y restauración”, tienen objetivos ajenos a esos conceptos.
Su finalidad principal, planeada desde 2006, es habilitar las condiciones hidráulicas del cauce para recibir el volumen y gasto adicional proveniente del Túnel Emisor Oriente (TEO).
Un canal de desecho metropolitano
El interés central es claro: desalojar, en el menor tiempo posible, el agua pluvial de la Cuenca de México, convirtiendo la vertiente principal de nuestra subcuenca en un canal de desfogue.
Cabe señalar que para justificar estas intervenciones se está utilizando la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 2016, correspondiente a un proyecto que organizaciones y comunidades hemos señalado como ecocida.
Consecuencias para las comunidades locales
Si bien estas obras podrían disminuir parcialmente el riesgo de inundación en la zona urbana de Tula, el impacto ecohidrológico derivado de la modificación geomorfológica del río ya afecta —y seguirá afectando— a toda la región.
Hoy, las comunidades ubicadas aguas abajo de la Presa Endhó —Tezontepec, Mixquiahuala, Progreso, Chilcuautla e Ixmiquilpan— experimentan, cada temporada de lluvias, crecidas del caudal del Río Tula más intensas y frecuentes.
Destrucción de ecosistemas y manantiales
Esto, sumado a otros factores, deteriora gravemente el ecosistema ripario, compuesto principalmente por ahuehuetes milenarios, y daña zonas de manantiales de aguas frías y termales que son sustento cultural, recreativo y económico en baños y balnearios locales.
Es lamentable que el gobierno federal priorice intereses ajenos a la justicia socio-ecohidrológica, ambiental y sanitaria de nuestro territorio.
Despojo del territorio y soberanía
Peor aún: usurpa los discursos legítimos que organizaciones y pueblos hemos sostenido por décadas, mientras ejecuta proyectos que agudizan y perpetúan las violencias sistémicas y estructurales sobre nuestra región, entregándola como zona de sacrificio en función de las necesidades de la Capital y del Capital.
Los intereses del gobierno federal en la instalación de cualquier megaproyecto en la región son poco claros y carecen de legitimidad social.
