A pocos meses que concluya el sexenio el gobierno federal apresura nuevas reglas para el sector gasolinero.
Como es público el próximo 28 de octubre, unos días antes de que termine la administración de Felipe Calderón Hinojosa, vence el plazo para que las gasolineras incorporen nuevos aditamentos de confiabilidad en los dispensarios de combustible.
Aparentemente se trata de beneficiar al consumidor, para que reciba litros de a litro, sin embargo en la industria se ha echado a andar el sospechosismo ya que hasta el momento la Secretaría de Economía que tiene como mandamás a Bruno Ferrari García Alba todavía no ha certificado dichos dispositivos y tecnología que los proveedores deben de venderles a los dueños de las estaciones de servicio para cumplir con la nueva regulación.
Es decir, sin contar con los equipos debidamente certificados como nuevos instrumentos de control, Christian Turégano, responsable de la Dirección General de Normas de Economía ya fijó una fecha fatal.
Tal parece que el objetivo es cerrar dicho expediente en la agonía del sexenio lo que no es bien visto en el gremio gasolinero.
Y es que la modificación a la NOM 005 a las gasolineras se publicó el pasado 30 de marzo y se aplicará junto a una nueva regulación la NOM 185 que todavía no se emite. ¿Cómo puede cumplir un sector de la economía con una norma que está en proceso?, se preguntan consultores y líderes industriales.
Añada que la regulación vigente sobre el control de los dispensarios de gasolina le ha costado a este sector cerca de 360 millones de dólares en los últimos seis años.
Estamos hablando de equipos prácticamente nuevos que cumplen con las regulaciones establecidas, son de los más modernos y confiables a nivel internacional, y están por encima de las regulaciones de Estados Unidos y de Europa.
En dichas condiciones cómo justificar una nueva regulación que implica una inversión adicional por la friolera de 100 millones de dólares?, señala un gasolinero que ha pedido el anonimato ante las declaraciones amenazantes que han recibido en estos días.
La secretaría de Economía acusa al sector: “Hay una demanda creciente de consumidores que señalan a expendios que no ofrecen litros de a litro”.
Y bueno, en un comunicado emitido en esta semana vuelve a acusar a empresarios del ramo de no estar de acuerdo con la medida “e incluso han comenzado una campaña de desprestigio utilizando a algunos medios de comunicación y periodistas” y remata con una amenaza: “La Secretaría de Economía… se reserva el derecho de hacer las denuncias correspondientes por difamación.”
No cabe duda que el poder fugaz y pasajero de algunos funcionarios públicos les hace perder el piso.
Por un lado, al cuarto para las doce tratan de emitir nuevas regulaciones que favorecen a los proveedores de equipos, luego fija fechas perentorias sin contar con los equipos necesarios, más adelante acusan a un sector en su conjunto y, por último, lo acusa de difamación, simplemente porque se niega a cuestionar la presión de un funcionario que cambia las normas a su antojo, sin realizar el proceso de consulta debido.
