Por José Antonio Chávez
Dejar fuera la promoción por internet a los aspirantes presidenciales para el 2018, en manos del árbitro electoral del INE de Lorenzo Córdova, sin duda es un mensaje preocupante y hasta de alto riesgo que puede afectar la libertad de expresión.
El senador Armando Ríos Piter criticó esta medida y adelantó la importancia de conocer su interpretación para determinar la magnitud del riesgo. Sabe, obviamente que es un mensaje claro a los independientes que hoy preocupan a los partidos políticos.
La afectación no solo es para los presidenciables, sino para todos los aspirantes a la gubernatura, municipio, regidurías y Congreso federal y local. La regla es que nadie podrá usar la promoción en internet para estar en piso parejo.
Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León,Héctor Moncada, alcalde de Ciudad Juárez, Pedro Kumamoto del Congreso de Jalisco y Manuel Clouthier, diputado federal de Sinaloa, son ejemplos que han ganado como independientes y hoy va también el presidencial.
De entrada, el senador que va que vuela convertirse en el candidato independiente presidencial, consideró como una lástima que se registre estas reglas del juego en el pleno desarrollo de la utilización del internet. Que ojalá no sea un retroceso, pues de nada serviría el brinco generacional al WhatsApp, con un uso restringido de las redes.
Es de las pocas herramientas como medios de difusión que puede utilizar un independiente, porque de los 20 millones de spot que saldrán al aire en la campaña presidencial de espacios oficiales, no tienen derecho y se asignan únicamente a los candidatos con partido político.
Y ni que hablar de los recursos presupuestales que se asignan, pues al independiente, critica Ríos Piter no es más que una cifra irrisoria. Por eso insiste que si el INE aplica el uso de internet en campaña bajo una regulación a su modo, estaríamos ante un retroceso electoral más que brutal.
Una olla de presión está a punto de explotar en las finanzas de TV Educativa que dirige Gustavo Lomelí. Además de no pagar a los empleados de base y mucho menos a los externos por honorarios, las finanzas arrastran un déficit de unos 500 millones de pesos por la mala administración y que no saben dónde está ese dinero.
Obviamente que el tema va que vuela para su revisión en el Senado de Pablo Escudero y Diputados de Guadalupe Munguía, pues la idea es atender, primero donde esta ese dinero y luego las denuncias de empleados que no reciben su salario desde hace seis meses y que puede extenderse hasta enero del 2018.
