· Solo se permitirá construir vivienda, zonas industriales y turísticas en tierras calificadas por protección civil: Ramírez Marín
· En 2013 se creó el Registro Nacional de Reservas, en el que los desarrolladores deben anotar sus proyectos y zonas para construcción, informó el funcionario
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que la dependencia a su cargo iniciará en breve un programa de reubicación de familias que actualmente viven en asentamientos irregulares en zonas de riesgo.
Comentó que en días próximos se dará a conocer el censo de las personas que tienen sus casas en terrenos ubicados a menos de 250 metros de cauces de ríos o en las faldas de cerros con alto grado de inestabilidad y que son susceptibles de una reubicación.
Explicó que este proceso se hará con las autoridades estatales y municipales, pero aclaró que esto no se realizará en un año, pues se trata de un programa permanente del Gobierno de la República.
Ramírez Marín puso como ejemplo que en Durango son 400 familias las que deberán ser reubicadas; en Lázaro Cárdenas, Michoacán, otras 400 familias; mientras que en Oaxaca suman hasta el momento 139 familias.
En esto, la SEDATU dará prioridad a las familias que sufrieron daños o la pérdida de sus hogares por los efectos de los fenómenos climatológicos “Manuel” e “Ingrid”, como en Guerrero, con los habitantes de La Pintada.
“El Presidente Enrique Peña Nieto instruyó que nosotros construiremos prácticamente una nueva Pintada, donde la gente pueda hacer sus actividades y al mismo tiempo estar segura”, indicó el funcionario.
En cuanto las condiciones del clima nos lo permitan, agregó, se reubicará a familias en Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero, se trata de empezar ya a reconstruir esas viviendas para que la gente pueda vivir con tranquilidad.
Asimismo, insistió en que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aplicará los lineamientos del Atlas de Riesgos para evitar asentamientos humanos, industriales o turísticos en lugares no aptos para ello.
Y detalló que para cumplir dichos lineamientos, este año se creó un Registro Nacional de Reservas en el que se reporta la ubicación de la tierra en la que se planea construir, toda vez que antes de esto, los empresarios únicamente informaban de los desarrollos que construirían mediante el Registro Único de Vivienda.
Lo anterior, destacó, con el fin de que dicha tierra reciba una doble calificación, una de carácter económico para determinar si tiene o no servicios o si está lejos de las zonas urbanas, y la segunda, con una evaluación de protección civil, la cual determina si el lugar es apto o no para la construcción de vivienda, una zona industrial o de turismo.
Jorge Carlos Ramírez Marín reiteró que en noviembre próximo las 90 ciudades más importantes del país firmarán con la Federación un convenio en el que se comparte la responsabilidad para que se cumplan las dos calificaciones. “No se trata de quitarle su derecho a los ayuntamientos, sino de establecer legalmente una serie de regulaciones que actualmente sólo están convenidas”.
