Los políticos de Puebla y los del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el mando de Mikel Arriola, se preguntan si es legítimo que una trasnacional como Baxter, dirigida por Jaime Upegui, tengan injerencia en la administración pública local y nacional.
La razón es que Baxter, con sus aliados del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) de Marco Antonio Mazatle y Ricardo Jiménez, mantiene las movilizaciones públicas, semana tras semana, en contra de las decisiones del IMSS y, para colmo de males, el propio director de Baxter ni siquiera es mexicano, por lo que no debería de influir en la política nacional.
Este lunes de nuevo los dirigentes del MAS, con personas acarreadas, hicieron declaraciones incendiarias al acusar al IMSS en Puebla de “matar” otras dos personas por mantener el tratamiento de diálisis de Laboratorios PiSA, en lugar de entregarles los productos de Baxter.
Otra vez tuvo que intervenir Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en Puebla, para aclarar que no hay registro de muertes por el tratamiento de PiSA y, al igual que el caso de muerte que dieron a conocer Marco Antonio Mazatle y Ricardo Jiménez la semana anterior, no tienen que ver con medicamentos aplicados en el tratamiento de diálisis.
Enrique Doger es claro: Son dos mil pacientes de diálisis en el Estado, “¿por qué se quejan 40 y por qué 20 protestan? No estoy defendiendo a nadie, pero estamos hablando de millones de pesos que la trasnacional (Baxter) juega y muchas veces no son los pacientes los que protestan… yo veo ahí un manejo más sesgado.” Además, señala Doger, aproximadamente la mitad del servicio de diálisis a nivel nacional lo otorga PiSA y los pacientes están bien atendidos. ¿Por qué tendría que ser diferente en el caso de Puebla?.
No cabe duda, Baxter por intereses económicos moviliza a la población a través del MAS para tratar de tirar a Enrique Doger, quien por cierto, tiene una gran carrera política y quien puede ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Puebla. ¿Se vale que una trasnacional juegue sucio en Puebla para desacreditar a un político y revertir las licitaciones públicas?
