• El Gobierno Federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros y derruir empleos.
La decisión del Gobierno Federal de negar los permisos subsecuentes de CONAGUA a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México. El Gobierno Federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar.
La democracia tiene reglas; la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión. Se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse. La decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC.
Adicionalmente, la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades mal intencionadas. La planta en cuestión utilizaría sólo el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad, y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada, para uso agrícola.
La supuesta consulta realizada el fin de semana no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante. Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5 por ciento de los ciudadanos. Peor aún, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del COVID-19.
En ningún lugar del mundo, un ejercicio tan minoritario y sin ninguna garantía legal, puede decidir sobre el futuro económico de toda una región y afectar a miles de trabajadores actuales y potenciales.
Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero. La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país. En un contexto internacional de crisis, en el que necesitamos más que nunca de la inversión privada, el daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable.
