Última actualización el octubre 11, 2024
Tiempo de lectura: 2 minutosLas diferencias entre Elektra y la autoridad fiscal llegan a la última instancia judicial como parte de un proceso donde la cadena de tiendas alega la inconstitucionalidad de un cobro doble de impuestos que cubrió desde hace años.
Se trata de una disputa que tiene en tribunales al menos 10 años y donde el fisco exige un cobro de 25 mil millones de pesos.
Por lo pronto, la empresa de Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha logrado, de acuerdo con las leyes, una revisión de ese expediente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de sentencias dictadas por el Décimo Octavo y Vigésimo Tribunales Colegiados.
La filial de Grupo Salinas explicó que la SCJN accedió a la revisión “por la evidente inconstitucionalidad y porque responden al ejercicio de nuestros derechos como contribuyentes”.
El diferendo como imaginará llegó ayer a Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al máximo tribunal haciendo a un lado que se comprobó el requisito indispensable de certificación de constitucionalidad, y que en su momento la SCJN admitió recursos en 2008 y 2013 al considerar que subsisten cuestiones que revisten un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.
Elektra dice que la justicia mexicana —incluidos los ministros de la SCJN— está obligada a realizar un análisis imparcial y completo de esos casos, incluyendo el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva García, quien en su momento exhibió los abusos que la autoridad tributaria cometió con el doble cobro de impuestos.
La cadena de tiendas dijo que la SCJN y su imparcialidad están bajo ataque sistemáticos desde Palacio Nacional a partir de una serie de imprecisiones y falsedades sobre los recursos interpuestos por Elektra con el fin de presionar a los ministros.
LA RUTA DEL DINERO
Con más de 270 mil contratos por un monto de más de 745 mil millones de pesos, y un registro en la plataforma CompraNet de 98 mil 41 licitantes, proveedores y contratistas entre el 1 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2024, es como cierra la gestión de Roberto Salcedo Aquino al frente de la Secretaría de la Función Pública. El funcionario se encargó de consolidar esa plataforma y poner en marcha la Bitácora Electrónica de Seguimiento a Adquisiciones para conocer en tiempo real el proceso y prevenir posibles actos de corrupción… Un simulacro realizado por el coordinador de los diputados del PRI, Humberto Moreira revela las complicaciones para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces. El llenado de boletas es de cuatro horas, ya que será necesario escribir los nombres en 25 boletas. Añada que de cara al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 el costo de esa elección será superior a nueve mil millones de pesos que se erogaron este año para la elección federal, según las primeras estimaciones del INE que lleva Guadalupe Taddei.
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