Uno tras otro

Última actualización el septiembre 27, 2024

A una semana de que se lleve a cabo el cambio de gobierno en México, la tensión política y social va en aumento, aunado a la incesante violencia e inseguridad en todo el territorio nacional, lo que anticipa una ríspida toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

La conformación del Congreso de la Unión –a finales de agosto pasado– para darle mayoría absoluta a las bancadas de diputados y senadores de Morena, lo que les da luz verde para hacer modificaciones a las leyes que se les antoje, sobre todo a la Constitución, y la aprobación de la Reforma Judicial, que ordena el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación, son las gotas que han derramado el vaso para que las protestas vayan en aumento.

Los 35 millones de votos que presume la presidenta electa que la llevaron a ganar las elecciones presidenciales el pasado 2 de junio, de lo cual hacen eco sus oficiosos voceros de Morena, así como los legisladores de ese partido, de nada les ha servido para detener la inconformidad, el encono y la polarización social que tanto daño hace al país.

Quienes juraron defender la Constitución y hacer valer las leyes que de ella emanan, o sea el Ejecutivo y diputados y senadores, principalmente, han sido los violadores sistemáticos de la Carta Magna.

Les vale un comino lo que el Poder Judicial, aún en funciones, ordenó en el sentido de suspender, primero, el proceso para aprobar la Reforma Judicial cuando se discutía en el Congreso y luego, lo más reciente, la orden directa de un juez federal con sede en Veracruz al presidente Andrés Manuel López Obrador y el director del Diario Oficial de la Federación para que retiren la publicación de la Reforma Judicial del pasado 15 de septiembre, hasta en tanto se resuelven los Juicios de Amparo promovidos en contra de dicha reforma.

Uno tras otro se siguen acumulando los amparos en contra de los cambios constitucionales que pretenden el desmantelamiento del Poder Judicial. Técnicamente y debido a esas suspensiones definitivas ordenadas por jueces federales, la Reforma Judicial aprobada en el Congreso por los legisladores de Morena, carece de validez jurídica.

Minimizar los problemas de inseguridad, impunidad y delincuencia solo aviva la incertidumbre y la preocupación tras la aprobación de la Reforma Judicial, que al parecer podría limitar la aplicación de una justica efectiva.

Si bien el nuevo gobierno avala la Reforma Judicial, es importante considerar que esta podría restringir sus esfuerzos para lograr el ambiente de tranquilidad y seguridad que el país requiere.

Con un sistema judicial debilitado e impreparado, es muy probable que los niveles de inseguridad e impunidad se fortalezcan en perjuicio de la población y de la actividad productiva, como recién se aprecia en el norte del país, especialmente en Sinaloa, en donde pareciera que la delincuencia ha tomado prácticamente el control gracias a la permisiva política del gobierno de abrazos y no balazos, estrategia que, según dijo Claudia Sheinbaum, seguirá aplicando durante su gobierno.

Política energética

La política energética de la actual administración ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex. Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que, continuar apoyando financieramente a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de 2 billones 195 mil mdp durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de 1.0% del PIB anual.

Este monto se dividiría en: 1 billón 371 mil mdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; 245 mil 680 mdp para que CFE mantenga su participación del 54% en la generación de electricidad; 57 mil 665 mdp para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución; y 517 mdp por subsidios a las tarifas eléctricas.

El CIEP refiere que debido a que para el próximo año se estima una reducción del gasto público del 3.0% del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.

Es importante recordar que el gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética. En 2021, el 27.4% de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9% en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35% que tiene previsto este año.

La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Según el mencionado centro de estudios, seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras.

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