Última actualización el 19 de junio de 2025
Tiempo de lectura: 3 minutosGrupo Centurión Combustibles SAPI de CV, con apenas una década de operaciones, ha observado un crecimiento inusitado luego de que la familia Guevara Trejo se la arrebatara a su fundador.
El director general, Joel Guevara Trejo, impuso en dicho grupo empresarial prácticas de “huachicoleo electoral”; es decir, financió campañas de MORENA para obtener beneficios económicos.
En este periodo, Joel Guevara conoció y se asoció al general Audomaro Martínez Zapata, ex titular del Centro Nacional de Inteligencia y personaje cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas empresas también crecieron y se vieron beneficiadas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Joel y su hermano Miguel Ángel conocieron a Martínez Zapata en un momento vulnerable, cuando murió la hija del general, lo cual supieron aprovechar para asociarse y operar distintos negocios de los sectores energético, salud y seguridad. De ahí que ambos presuman la amistad y cercanía con el militar en retiro para continuar operando campañas y contratos gubernamentales.
Así, con el apoyo del general Audomaro, los hermanos Guevara Trejo – en plena pandemia – obtuvieron contratos multimillonarias en equipo médico e insumos para la salud, tanto en la SEDENA como en el IMSS de Tamaulipas, en sociedad con Oscar Martínez Hernández, hijo de Audomaro Martínez.
Esta sociedad empresarial realizó distintas compras emergentes que superaron los mil 500 millones de pesos al año. Tan solo en ese sector obtuvieron más de seis mil millones en los últimos cuatro años en Tamaulipas por concepto de insumos médicos.
En julio del 2022, Diana Yamilet Hernández Zárate, esposa del general Audomaro Martínez, fundó la empresa Operadora de Combustibles GSC Sureste, en sociedad con Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV.
Bajo esta alianza “estratégica” y con las ganancias obtenidas, los hermanos Guevara Trejo financiaron la campaña del ahora gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como la campaña de la ex panista y ex morenista Lucía Meza como candidata al gobierno de Morelos.
Con la vieja escuela de los hermanos Guevara Trejo y las alianzas realizadas, proyectaron para extender su dominio del “huachicol electoral”, la creación de su propia Consultoría de Comunicación Política para asesorar a candidatos de Morena en estados donde tienen intereses empresariales, tales como Baja California, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Puebla y Sinaloa.
Recientemente, los hermanos Guevara Trejo presionaron y amagaron al candidato de Morena a la presidencia municipal de Durango, José Ramón Enriquez, porque no permitió que por financiar la campaña se entrometieran en la operación de la misma. El resultado, igual que en Morelos: lo traicionaron y perdió.
Así, la aparente historia de éxito de Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV, está rodeada de complicidad, corrupción y negocios millonarios en los sectores gasero, de salud y seguridad.
El conglomerado de asesores, operadores y empresas de comunicación y estrategia político-electoral que desplegaron los hermanos Guevara Trejo incluyó en Durango a actores cercanos a Andy López Beltrán, pero también del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes sin saberlo le hicieron el caldo gordo a estos huachicoleros electorales.
Los hermanos Guevara Trejo han crecido al amparo político de la 4T, pero sin comprometer sus acuerdos e intereses con otras fuerzas políticas como el PRI y el PAN; todo depende del candidato del que se trate y del acuerdo al que lleguen.
Ataques a la libertad de expresión… Conocedor de las entrañas de la política en el sureste del país, de donde ha sido diputado federal, senador de la República y gobernador de Campeche, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, condenó el uso autoritario del poder por parte de la gobernadora, Layda Sansores, para perseguir y censurar a periodistas de esa entidad. Expresamente, el líder opositor priísta reprobó lo que está ocurriendo al periodista Jorge Luis González y al diario Tribuna, ya que no es otra cosa que un atentado contra la libertad de expresión. Resulta que una jueza de control estatal condenó al periodista González Valdez, cuya trayectoria data de más de 50 años, a no ejercer su profesión y a pagar una “indemnización” de dos millones de pesos por los delitos de “incitación al odio y la violencia”. Desde luego que la mandataria estatal es de piel muy, pero muy delgada.
