Última actualización el 23 de junio de 2025
Tiempo de lectura: 4 minutosVarios organismos empresariales rechazan el plan de Infonavit para legalizar las ocupaciones ilegales de vivienda en todo el país
La posibilidad que desaparezca el delito de despojo en el tema de las viviendas del Infonavit ha enviado una pésima señal del respeto al Estado de Derecho en el país de cara al aterrizaje de una reforma judicial que no envía ninguna señal de confianza a la inversión por el desaseo que hubo en la elección de jueces, magistrados y ministros.
Por lo pronto, varias organizaciones empresariales expresaron ayer su rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en torno a la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
Los organismos del sector privado que han puesto el grito en el cielo son:
- La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que preside Álvaro García Pimentel.
- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), que comanda Vicente Gutiérrez Camposeco.
- La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), de Alejandro Malagón Barragán.
- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que lleva Juan José Sierra Álvarez.
- El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE), de Sergio Contreras.
- El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), al frente de Braulio Arzuaga.
Indicaron que la medida anunciada por el principal instituto de vivienda del país contradice el mandato legal del mismo y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo que, por cierto, presenta un deterioro en sus finanzas.
El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen, expusieron los organismos cúpula.
De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Por ello, pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
Durante su conferencia del miércoles 18 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas, a lo que respondió que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.
Para los organismos empresariales es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%.
Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.
De ahí que se cuestione que, en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
Se trata de una crisis en ascenso en Infonavit, ya que desde la pasada administración se había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos.
Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito.
Los empresarios han dicho con todas sus letras que esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país, además de que el Infonavit “no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes”.
Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI, explicaron.
La ruta del dinero
Multiva invertirá 700 millones de pesos en su transformación tecnológica en el periodo comprendido entre 2025 y 2027. La estrategia del banco, que forma parte de Grupo Vazol —comandado por Olegario Vázquez Aldir—, es fortalecer su plataforma tecnológica y mejorar la experiencia de sus clientes. Hablamos de una entidad que inició el año con el pie derecho y que en el primer trimestre vio crecer sus ingresos en 23.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, bajo la batuta de Tamara Caballero. La transformación de su oferta de valor incluye aprovechar a su equipo de expertos para entrar a nuevos mercados, como el energético, de cara a las oportunidades que abre el Plan México. Esta transformación no sólo redefine la esencia de Multiva —que, por cierto, también presentó su nueva imagen—, sino que proyecta con energía el futuro que buscan construir junto con sus clientes, aliados y colaboradores en un mercado financiero que sin duda eleva su competencia. IMSS-Bienestar: ¿Favorecimiento en licitaciones? Vaya que Alejandro Svarch tiene mucho por curar al interior del IMSS-Bienestar. Y si no me cree, el ejemplo está en la adquisición de limpieza LA-47-AYO-047AYO955-N-27-2025, ya que se ha visto rondada por voces que advierten sobre un posible favorecimiento hacia Limpieza Jored, o Seguridad Privada y Servicios, o Lamar, ya que al augurar que compartirían lazos, “todo quedaría en familia”. La supuesta encargada de cumplir la instrucción sería Alma Dalia González, por lo que los reflectores del nicho se han mantenido sobre la funcionaria, sobre todo ahora que la compra suma cinco ocasiones en que se ha diferido el respectivo fallo, originalmente programado para el 2 de junio. Sigamos de cerca el desenlace que, en teoría, será anunciado este jueves 19 de junio. ¿Se identificará el malestar para erradicarlo o se permitirá que todo siga como si nada? Es pregunta.
