Ha llegado el momento de abordar lo que para muchos era inevitable: el colapso hacia adentro de nuestro sistema político debido, principalmente, a presiones externas, las cuales han sido en los últimos tempos de mayor intensidad que las coyunturas que se registran al interior de la sociedad mexicana que, más bien, ha “normalizado” las crisis recurrentes en las que hemos transcurrido las últimas décadas.
Desde el asesinato de un candidato a la Presidencia (1994), el que seguramente hubiera ganado las elecciones de aquel año para continuar con el llamado “partido de Estado”, hasta la llamada “alternancia política” (2000) que le permitió al país tener, por primera vez en más de 70 años, un mandatario surgido de otro partido político (PAN), hemos transitado – mal que bien – dentro de la llamada “normalidad democrática”, la cual se “rompió” cuando llegó al poder el movimiento que hoy gobierna.
Constituido por una amalgama de tránsfugas de otras fuerzas políticas, el movimiento actual prepara ya la reforma que pretende cambiar la manera en que las cúpulas políticas se organizaban hasta hace unos años para obtener el poder y ejercerlo de manera unilateral. Hoy, las presiones externas debido a los cambios que experimenta el mundo en todos los órdenes de la vida pública, han hecho que dicho sistema implosione y se vislumbre una nueva reforma político-electoral, para la cual ha sido lanzada ya la orden desde Palacio Nacional.
Nuevamente se observan nubarrones que auguran la conformación de otro partido de Estado que no permite la competencia política, más que aquella que conviene a sus intereses – tanto para simular que hay democracia como para incorporar a aquellos partidos que le son útiles para sumar votos en el Congreso – lo que ya comienza a preocupar a quienes desde la oposición han llamado a debatir el nuevo modelo que se pretende imponer.
Ya se ha visto, por la experiencia del pasado, que los movimientos sin una ideología definida y sin identidad, terminan siendo refugio de “políticos en desgracia” y caudillos cuyo único interés es preservar de manera indefinida el ejercicio del poder al costo de lo que sea y sin mayores beneficios para la sociedad. La constante de los últimos tiempos, tanto adentro como afuera, ha sido la incertidumbre de los cambios. Lo único cierto es que terminan autodestruyéndose.
Persecusión política… No es la primera vez que acude a instancias de Estados Unidos y de otras partes del mundo a denunciar lo que sucede en México. Lo viajes han sido innumerables, lo mismo que las reuniones con representantes de las principales agencias norteamericanas en Washington. Lo cierto es que el líder del opositor PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ha “tejido” una serie de relaciones internacionales que hoy le permiten levantar la voz para advertir de lo que sucede en la vida pública del país. De ahí la molestia del oficialismo que, en medio de escándalos propiciados por sus propios integrantes y las cada vez más evidentes relaciones de gobernadores y políticos con el Crimen Organizado, ha “empujado” a través de la cuestionada mandataria campechana, Layda Sansores, una nueva demanda de “juicio de procedencia” para su desafuero en la Cámara de Diputados en contra del principal opositor al actual régimen, ya que la primera – presentada en 2022 – fracasó por no existir pruebas de las acusaciones contra Moreno Cárdenas. Ahora presentan una nueva, basada prácticamente en las mismas acusaciones de hace 3 años, con la novedad de incluir el delito de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades, con pruebas obtenidas de testigos que han sido amenazados y obligados a declarar hechos que nunca ocurrieron. Es muy probable que dichas acusaciones vuelvan “a caerse” ante la falta de elementos para su consignación y por la forma como se armaron nuevamente dichas carpetas.
