El SAT toma el control del ecosistema digital con impuestos ambiguos, retenciones agresivas y acceso total a plataformas. El Paquete Económico 2026 podría encarecer el entretenimiento, frenar la innovación y vulnerar la privacidad de millones de usuarios
Una cosa me queda clara, que el dinero al segundo piso de la 4T ya no le alcanza y anda rascando de todos lados para sacar más y cumplir con sus programas clientelares, y así queda claro con el Paquete Económico 2026, presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que abre una brecha en la relación entre el Estado mexicano y el ecosistema digital, ya no solo con la industria de bebidas azucaradas.
Bajo el argumento de modernizar la recaudación y proteger a los consumidores, la Secretaría de Hacienda propone medidas que afectan directamente a usuarios, empresas tecnológicas, plataformas digitales y desarrolladores de videojuegos.
El nuevo IEPS a videojuegos violentos, las retenciones fiscales a marketplaces y FinTech, y el acceso permanente del SAT a plataformas digitales configuran un escenario de alta fiscalización, baja claridad normativa y potencial impacto económico.
Uno de los puntos más polémicos es el nuevo impuesto especial del 8% sobre videojuegos con contenido violento.
Aunque la medida se presenta como una estrategia para proteger a la niñez, la iniciativa no define qué se considera “violento”. ¿Será Call of Duty un blanco obvio? ¿Y Minecraft, donde se destruyen criaturas pixeladas? ¿O Zelda, con combates cuerpo a cuerpo? ¿El clásico Age of Empire II cae en esa categoría por ser de estrategia de guerra?
La falta de criterios técnicos y jurídicos abre la puerta a decisiones arbitrarias, censura fiscal y una posible criminalización del entretenimiento digital. ¿Quién decidirá qué juegos son violentos? ¿El SAT, Gobernación, un comité moral? La ambigüedad es preocupante.
Para los usuarios, este impuesto representa un encarecimiento directo. Las plataformas como Steam, Xbox, PlayStation y Nintendo deberán incluir el IEPS en sus precios, lo que podría elevar el costo de juegos entre 8% y 15%, considerando también el IVA y comisiones.
Servicios de suscripción como Game Pass o PlayStation Plus podrían ajustar sus tarifas si incluyen títulos considerados violentos, afectando a millones de consumidores que ya enfrentan inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Las empresas desarrolladoras y distribuidoras, tanto nacionales como extranjeras, deberán registrarse ante el SAT, emitir facturas con el nuevo impuesto y reportar operaciones.
Esto implica costos administrativos adicionales, especialmente para estudios independientes o startups mexicanas que apenas sobreviven en un mercado dominado por gigantes.
Además, el SAT podrá bloquear el acceso a plataformas que no cumplan con los requisitos fiscales, lo que plantea un riesgo de censura digital por incumplimiento tributario.
El Paquete Económico también endurece las retenciones fiscales a plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Uber, Rappi y Facebook Marketplace.
Las personas físicas verán una retención de hasta 2.5% de ISR, mientras que las empresas enfrentarán 4%, o incluso 20% si no proporcionan RFC. El IVA retenido puede llegar al 16%. Estas medidas encarecen productos y servicios digitales, y desincentivan la formalización de pequeños vendedores y emprendedores. En lugar de facilitar el acceso al comercio electrónico, se construye una barrera fiscal que podría empujar a muchos al mercado informal.
En el caso de las FinTech, las plataformas de préstamos colectivos deberán retener y enterar ISR e IVA, lo que antes no era obligatorio. Esto representa un golpe para startups que operan con márgenes reducidos y que ven en la tecnología una vía para democratizar el acceso al crédito. La medida podría frenar la innovación financiera en México, justo cuando el país necesita más inclusión y menos burocracia.
Quizá el punto más preocupante es el acceso permanente y en tiempo real que el SAT tendrá a la información de plataformas digitales. Esto incluye servicios de streaming, comercio electrónico e intermediación financiera. El SAT podrá verificar cuentas en cualquier entidad financiera, no solo bancos. Estamos frente a una fiscalización total del ecosistema digital, con implicaciones serias para la privacidad de los usuarios. ¿Quién audita al auditor? ¿Dónde quedan los derechos digitales?
El Paquete Económico 2026 parece diseñado para recaudar más, vigilar más y decidir más, pero sin los contrapesos necesarios. En lugar de fomentar la economía digital, la creatividad y la innovación, se corre el riesgo de encarecer el acceso, inhibir la inversión y erosionar la confianza en las instituciones. México necesita una política fiscal moderna, sí, pero también justa, clara y proporcional. Lo que no necesita es un SAT convertido en juez, parte y censor del ecosistema digital.
Y sí a todo esto le sumamos el incremento en los IEPS a las bebidas azucaradas, ya hasta sentarme a jugar en mi laptop mientras me bebo mi Doctor Pepper, mi agua de tamarindo me va a salir más caro que irme un fin de semana a la playa.
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