Las reformas planteadas a la Ley de Amparo afectarán en el futuro al que solicite la protección en lo individual y en temas colectivos lo que limitará la defensa ciudadana
En el frente empresarial existe preocupación por las reformas planteadas al Congreso a la Ley de Amparo del pasado 11 de septiembre y que además involucran modificaciones al Código Fiscal de la Federación, y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Uno de los organismos del sector privado más vocales ha sido Coparmex que preside Juan José Sierra que ha afirmado que “Lejos de acercar la justicia al pueblo, la propuesta dificulta la defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Y bueno, expertos en Derecho Constitucional como Ana Laura Magaloni Kerpel luego de la revisión a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han afirmado que los cambios propuestas habrán de afectar con mayor fuerza a quienes cuentan con menos recursos, amen que blinda actos autoritarios y daría espacio a la impunidad.
Y es que aunque se han anunciado mejoras —como la digitalización de trámites y la fijación de plazos más cortos para dictar sentencias—, la realidad es que la iniciativa de marras pretende que el ciudadano requiera más requisitos para obtener la protección de la ley ante un acto de abuso de la autoridad, pone más obstáculos para detener actos injustos en especial para obtener una suspensión provisional, y en pocas palabras dará menos oportunidades de defensa tanto ciudadano como para los grupos que busquen la defensa colectiva.
El caso es que existe inquietud en el sector privado ya que la iniciativa presenta como avances la agilización procesal y la digitalización de trámites; sin embargo, en lo esencial reduce la eficacia del amparo como recurso constitucional, fortalece a la autoridad frente al ciudadano y puede contravenir compromisos internacionales.
Esto ocurre en un contexto de concentración del poder político por la fuerza que tiene Morena en el Congreso, y su gran influencia en la conformación del nuevo poder judicial.
Y es que en un escenario de mayor control gubernamental sobre los datos, telecomunicaciones y por supuesto por sus potestades en seguridad, el ciudadano tendrá menos herramientas para defender su libertad y patrimonio.
Al final por supuesto esta la relación que ciudadanos y empresas tengan con los jueces, pero donde el respeto a los derechos dependerán más de la discrecionalidad que de la protección judicial efectiva.
Un aspecto que Coparmex ha resaltado es lo relativo a la suspensión provisional que entraña el juicio de amparo.
La mala noticia es que la reforma endurece requisitos para conceder suspensión: ahora se debe probar la apariencia de buen derecho, un interés suspensional específico y que no haya daño a la sociedad.
Añada que amplía los casos en que esa parte del proceso jurídica ya no va a proceder, como bloqueos financieros, obtención de información, permisos y concesiones, prisión preventiva oficiosa, así como actos en telecomunicaciones y competencia.
También surge la problemática una actualización de redacción: se cambia la mención expresa al IFT y Cofece por una referencia genérica a los nuevos órganos reguladores previstos en la reciente reforma al artículo 28 constitucional, manteniendo la misma restricción.
Pero si en una diferencia con la autoridad se procede al bloqueó de una cuenta bancaria, solo se podrá usar parte mínima de ese dinero para sobrevivir, mientras demuestras que es lícito con el inconveniente que los datos personales y financieros podrán ser obtenidos por la autoridad sin control judicial, sin posibilidad de frenar el acto preventivamente.
En el caso que la empresa depende de un permiso y éste se cancela arbitrariamente, no se podrá detener el acto reclamado, y podrías ir a la quiebra antes de que termine el juicio.
Pero si eres imputado con prisión preventiva oficiosa, no podrás obtener suspensión para recuperar tu libertad, aunque haya irregularidades en el proceso.
En el caso que el usuario o empresa este en el sector de telecomunicaciones no podrás frenar de inmediato una norma o decisión que te afecte; deberás esperar la sentencia final, incluso si el daño ya es irreversible.
El caso es que el juicio de amparo con la propuesta del oficialismo dejará al ciudadano con gran vulnerabilidad, por lo que tampoco es el mejor escenario para la generación de nuevas inversiones nacionales y extranjeras que tanto requiere la economía para recuperar el crecimiento perdido en estos años.
Sé el primero en comentar