Una combinación de eventos meteorológicos de lluvias torrenciales y una pésima toma de decisiones desembocó en una catástrofe que, hasta finales de octubre, contabilizaba 82 personas fallecidas y 17 desparecidas. Una vaguada sobre el Golfo de México junto con la depresión tropical 90E generaron lluvias intensas que afectaron a 80 municipios en cinco estados de la República, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.
El 10 de octubre México vivió su propia “Dana” (fenómeno meteorológico de Depresión Aislada en Niveles Alto). Justo en el mismo mes en que se cumpliría el aniversario de este fenómeno de lluvias torrenciales que dejó a España y, a Valencia particularmente, sumida en un escenario de devastación material y humana, tanto por el impacto natural como por la mediocridad en la respuesta gubernamental.
En la madrugada de ese día, el nivel del agua en el río Cazones en Veracruz aumentó dramáticamente su nivel y a las 5:26 de la mañana se desbordó, inundando las calles de la ciudad de Poza Rica. En esa mañana, los mexicanos tomamos consciencia de la tragedia cuando en las redes sociales se volvieron virales los videos e imágenes de cientos de personas y familias que luchaban por escapar y mantenerse con vida y cuando los noticieros daban cuenta de un incremento paulatino de la cifra de personas desaparecidas y fallecidas.
Las imágenes de los primeros minutos en el epicentro de la inundación están ahí y ante la tragedia, la pregunta obligada es ¿qué falló en Veracruz?, ¿por qué el fenómeno tuvo estas consecuencias catastróficas? Si bien es cierto que ante el cambio climático los fenómenos naturales han incrementado su intensidad, el impacto de sus afectaciones depende, en gran medida, de la capacidad de la respuesta gubernamental.
En Veracruz falló sin duda, la respuesta gubernamental, tanto del gobierno estatal como del federal. Esto ha puesto en evidencia la debilidad de un andamiaje institucional para reducir el riesgo y las amenazas de desastres en el país, lo que permitiría a los gobiernos brindar respuestas eficaces y oportunas a las emergencias naturales.
En 1996 se creó en México el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) con el objetivo de apoyar actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción en caso de catástrofes naturales. FONDEN operó como un instrumento financiero con un fondo de prevención de desastres y otro de reconstrucción. Desde su operación, desempeñó un papel fundamental para brindar auxilio a los ciudadanos en caso de emergencias y funcionó como un esquema de coordinación interinstitucional entre las dependencias encargadas de la protección civil y la atención de emergencias en el país.
La desaparición del FONDEN en 2020 (con la extinción de los Fideicomisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) eliminó la obligación (del 0.4% del gasto programable) estatal de financiarlo. El fideicomiso se modificó por un programa presupuestal que conservó el mismo nombre y que ha presentado una reducción significativa de recursos. En 2018 el fondo contaba con 24,644 millones de pesos (PEF, 2018), en 2025 el presupuesto del programa se había reducido a 18,677 millones de pesos y en 2026 se contempla que tenga 19,400 millones. Cifras muy por debajo de la demanda real de recursos que supone atender a desastres.
El desmantelamiento del Fondo de Desastres parece apuntar a que esta decisión ha tenido consecuencias perjudiciales al incrementar la vulnerabilidad de las comunidades ante las amenazas naturales, según hemos visto con la gestión del huracán Otis y las inundaciones recientes.
De las catástrofes recientes, los gobiernos deben de extraer lecciones para priorizar la protección y la seguridad de las personas, construyendo comunidades con mayor resiliencia. Así, es urgente construir una nueva respuesta de política para que los gobiernos modifiquen el enfoque que hoy se basa en la “gestión de desastres” y virar hacia una “gestión de los riesgos”. Este cambio de enfoque implica que los gobiernos deban de tener una nueva comprensión sobre los riesgos (entendidos como una combinación entre la amenaza potencial y la vulnerabilidad institucional de los territorios) para que construyan planes de acción que contribuyan a reducir los desastres.
Los fenómenos naturales son inevitables, pero parte de sus consecuencias devastadoras sí se pueden evitar. Es hora ya de que el gobierno Federal edifique una nueva gobernanza de los riesgos, con una estrategia clara y definida de int
Dra. Sughei Villa Sánchez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México
