La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se ha convertido en una pieza central en el discurso oficial sobre el derecho al agua en Quintana Roo.
El gobierno estatal afirma que existe un avance histórico en infraestructura, inversión y justicia social. En contraste, diversas versiones y testimonios ciudadanos plantean dudas sobre la operación del sistema hídrico y la calidad del servicio que se ofrece.
En los últimos meses, el gobierno encabezado por Mara Lezama ha reiterado que el agua es un derecho humano y no un privilegio. Bajo ese argumento, se ha defendido la revocación de la concesión de Aguakan, luego de que un juez federal negara el amparo promovido por la empresa. Desde esta perspectiva, el discurso oficial señala que Quintana Roo avanza por la ruta legal para garantizar el acceso al agua. La gobernadora ha insistido en que se trata de una causa social que responde a la voz del pueblo y a años de abandono en diversas comunidades.
Revisiones del agua en CAPA
No obstante, el contraste surge al observar la operación cotidiana del sistema. Un medio digital y diferentes testimonios anónimos han documentado presuntas prácticas irregulares dentro de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dirigidas por Hugo Garza Sáenz. Entre ellas, se dice que existe una simulación de revisiones sobre la calidad del agua, mediante visitas programadas a modo para laboratorios y reportes que según modificarían las condiciones reales del suministro. Estas acciones, de confirmarse, resultarían especialmente graves, ya que los informes «limpios» tendrían como destino instancias federales como la CONAGUA, encargadas de la supervisión del recurso hídrico.
La diferencia entre los datos reportados y la experiencia cotidiana de los usuarios abre una brecha que no puede ignorarse. Mientras el gobierno anuncia inversiones millonarias, la percepción ciudadana indica una situación diferente. Por ejemplo, cortes frecuentes, cobros elevados sin explicación clara y una atención opaca siguen siendo las principales quejas de los quintanarroenses.
CAPA ha informado sobre una inversión histórica superior a los mil 160 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje sanitario y prevención de inundaciones durante los primeros tres años de gobierno. La rehabilitación de sistemas de abastecimiento en Caña Brava, Guillermo Prieto y Dos Aguadas ha sido presentada como un acto de justicia social, reforzado por el discurso de que «el agua es un derecho, no un privilegio», pronunciado por la gobernadora junto al director de la CAPA.
¿Cuáles son los retos para CAPA?
La verdadera prueba para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y sus autoridades está en garantizar transparencia, calidad del agua y confianza ciudadana. Hoy, el tema del agua en Quintana Roo es uno de los temas más relevantes, ¿es adecuada la actual gestión del recurso?, ¿qué tanta diferencia existe entre el discurso oficial, los avances reportados y la percepción de los ciudadanos?
