Hay nombres que en el Puerto de Veracruz no necesitan presentación. Entre funcionarios municipales, empresarios y operadores políticos de esa entidad el de Mario Alberto Alvarez López circula desde hace años con una mezcla de familiaridad y cautela.
Abogado originario de Xalapa, asesor externo de varias alcaldías, conocido en el círculo del poder veracruzano como el “genio de los fideicomisos”, Alvarez López ha construido una carrera con un mismo modus operandi: entrar como asesor, promover la salida de una empresa, y en el hueco que deja aparecen sus intereses.
Tal es su papel en la desaparición del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) y la llegada del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), un consorcio conformado originalmente por Odebrecht Ambiental de Brasil y Aguas de Barcelona, ahora encargado de dotar del servicio de agua al puerto veracruzano y municipios conurbados.
Se trata de una historia que resulta inseparable de su posición como asesor activo del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz donde su hermano ocupa simultáneamente un cargo en la estructura de gobierno y donde sus numerosas las apariciones públicas y las fotos del abogado con la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo.
El cambio en la gestión del agua en el puerto inicio en 2015 cuando SAS que se encargaba del suministro de agua potable en Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo atravesó por una crisis financiera al reportar un déficit de unos 90 millones de pesos y en ese momento se toma la decisión desde la alcaldía de designar a Alvarez López para conducir el proceso de licitación y abrir el paso al consorcio integrado por Odebrecht Ambiental e Interagbar de México, filial de Aguas de Barcelona que ganan el proceso, se asocian con el SAS, y crean Grupo MAS que logra una concesión por 30 años.
Las irregularidades pronto salieron a flote: el acta constitutiva de Grupo Ambiental Proveracruz, el vehículo legal del consorcio, fue firmada el 1 de junio de 2015, diez días antes que la empresa ganadora de la licitación existiera formalmente, según el acta constitutiva y documentación notarial.
Pero el tema es que desde que Grupo MAS asumió la operación del agua en el puerto se han acumulado miles de quejas ante la Profeco por fallas en el servicio, suministro de mala calidad y tarifas elevadas.
Esto sin dejar de largo que el título de concesión, auditado por el Organo de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), presentó irregularidades desde su origen: espacios en blanco, ausencia de viabilidad técnica, falta de participación del Comité de Adquisiciones, y una fecha de inicio que nunca quedó definida. Anote además que desde 2017 la dirección general de Fiscalización abrió el expediente DGF/VDyRG/SR/57/2017 contra Alvarez López por probable evasión fiscal y omisión de ingresos.
El interés público es claro. Un asesor con expediente fiscal abierto por recibir transferencias millonarias de organismos que el mismo asesoraba y con vínculos con Odebrecht, amén de beneficiarse del tráfico de influencias de su hermano en el cargo municipal abre espacio a las sospechas. Y en esa misma ruta, ahora Alvarez cotiza contratos para el reemplazo de luminarias en el puerto, sin que alguna autoridad estatal ó municipal exija respuestas y cuentas claras.
