Ahora que el país se dirige a un nuevo récord en la importación de granos, valdría la pena detenerse a revisar qué se ha hecho, desde las políticas públicas, para ampliar la producción de maíz, alimento clave en la dieta de los mexicanos.
El tema, además, vuelve a tomar relevancia a partir de la publicación del libro Transgénicos: Oportunidades y Amenazas en la Agricultura, bajo el sello de CODEX+TEC y de la autoría de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, extitular de la Sader en la pasada administración.
Con cifras de 2024, señala que México consumió ese año 46.4 millones de toneladas de maíz, de las cuales sólo produjo 23.1 millones. Ello significó importar 23.6 millones de toneladas, destinadas a proveer de materia prima a las industrias agropecuaria, del almidón, de edulcorantes, aceites y también de frituras, con maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, donde no existe restricción alguna para los satanizados transgénicos.
En el caso del maíz blanco, utilizado fundamentalmente para la elaboración de tortillas, recuerda que somos prácticamente autosuficientes, aunque, en función del clima y de que la mayor parte de la agricultura es de temporal, eventualmente hemos importado algunas toneladas de la gramínea.
El problema, a decir de Villalobos, es que en México “existe una seria contradicción entre la necesidad de aspirar a una autosuficiencia nacional y la oposición a la mejora genética de esa especie, con el argumento de mantener la pureza del maíz heredado de los antepasados”.
A decir del exsecretario, tal postura radical “está condenando al país a seguir importando maíz transgénico del exterior”, cuando las políticas hacia el campo, como la entrega de fertilizantes a pequeños productores, no han logrado reducir la dependencia del maíz importado.
Como recordará, apenas en marzo de 2025 se publicó la reforma a la Constitución mediante la cual se reafirma la prohibición de la siembra de maíz transgénico en territorio nacional. Pero, además, se cancela el empleo de técnicas convencionales y nuevas herramientas para la mejora genética del maíz, indispensables para elevar los rendimientos de los cultivos, básicamente porque el Congreso excedió la propuesta del Ejecutivo federal de prohibir únicamente la siembra de maíz genéticamente modificado.
Villalobos cuestiona que, concretamente, la ley establezca que “el maíz debe estar libre de modificaciones genéticas que rebasen la barrera natural de reproducción y combinación”, una redacción ambigua que, de plano, deja desprovista de sustento cualquier investigación para mejorar la producción de maíz, sea amarillo o blanco.
Con ese planteamiento concluye que se ha condenado a México a depender de las grandes transnacionales biotecnológicas y, por supuesto, a cubrir la demanda de maíz con importaciones crecientes, al margen de que pueda continuar el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
El libro, que hace un amplio recorrido por el tema de los transgénicos desde el punto de vista científico y regulatorio, deja claro que, contrariamente a lo que piensan los políticos de la 4T, “los maíces nativos no podrán por sí solos proveer del cereal a 130 millones de mexicanos y que, para garantizar una oferta suficiente, se requiere de maíces criollos e híbridos”.
