Ha quedado demostrado que cuando existe coordinación en los tres niveles de gobierno – federal, estatal y municipal – los resultados en materia de Seguridad Pública se potencian y se lo logran mejores resultados. Pues bien, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se reunió con el alcalde de la capital, Pepe Chedrahui, para compartirle el balance de la inversión histórica de más de 11 mil 500 millones de pesos que el gobierno del estado ha destinado al municipio.
En pleno proceso electoral por la alcaldía de la capital poblana, no se frena la inversión; por el contrario, se incrementa.
Armenta Mier destacó que “con el respaldo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se trabaja en favor de los poblanos. Asimismo, el programa de Seguridad se ha fortalecido este año con drones y helicópteros y se ha enfocado, principalmente, en el blindaje de autopistas y carreteras tanto estatales como federales, así como en el monitoreo de la Zona Metropolitana de Puebla y áreas de difícil acceso.
El despliegue de cuatro helicópteros y drones de última generación busca combatir delitos de alto impacto, de manera prioritaria el robo a transportistas y de hidrocarburos, lo que comúnmente se conoce como “huachicol”. El gobernador Armenta ha reiterado que su plan estatal está alineado a la visión de paz y a los cuatro ejes estratégicos del gobierno federal.
Para ello se ha implementado un binomio táctico del gobierno tierra-aire, coordinado a través del esquema operativo “Puebla Segura”, donde destaca la vigilancia en carreteras clave, respondiendo a las demandas de gremios como la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).
Los operativos aéreos y terrestres no se realizan de forma aislada. Se ejecutan conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), mandos centrales de la estrategia federal. Asimismo, se ha fortalecido la inteligencia por encima del uso de la fuerza. El despliegue de aeronaves no tripuladas en Puebla aporta datos e imágenes en tiempo real para generar carpetas de investigación y detenciones de objetivos prioritarios. Igualmente, el gobierno estatal ha firmado convenios de seguridad con estados vecinos como Veracruz y Oaxaca para blindar las fronteras estatales bajo un mismo esquema de vigilancia tecnológica en autopistas.
Sin duda alguna, el apoyo a los municipios – primordialmente con el de la capital – es muestra de la coordinación y el impulso a la gestión municipal, lo que obliga a las autoridades de la capital a dar resultados favorables en seguridad y otros rubros. ¿Por qué será que pese a esa multimillonaria inversión en Puebla capital, es una de las ciudades peor evaluadas en el país, en materia de “percepción de seguridad” de su población?
Adjudicaciones “bajo la lupa”… Nos comentan que un contrato de hasta 952 millones de pesos, adjudicado directamente por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a Worryfree Tu Proveedor, comienza a generar cuestionamientos sobre empresas beneficiadas y funcionarios que participaron en su contratación y supervisión. De acuerdo con reportes periodísticos, entre los nombres que aparecen está José Marcos García Nieto, yerno de la pareja sentimental de Manuel Bartlett. También se busca esclarecer el posible papel de Fernando Figueroa Ríos, director general de Tecnologías de la Información de la ANAM, en los servicios contratados.
Una revisión de registros fiscales permitió identificar nueve empresas relacionadas comercialmente con Worryfree, entre ellas Issirmax, Construction Worker MX, Digital EMS y Project Omni. También se investigan posibles conexiones entre sus accionistas, representantes legales y domicilios. Lo que todavía no está claro es cuáles de estas empresas realizaron los trabajos, cuánto cobraron y quién supervisó la ejecución del contrato.
El tema adquiere importancia porque el contrato vence el próximo 9 de diciembre y Aduanas tendrá que definir la continuidad de los servicios.
Habrá que observar si las mismas empresas obtienen nuevas adjudicaciones y si las investigaciones permiten establecer posibles conflictos de interés o irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
