Rogelio Varela-
Los analistas consultados por Banamex esperan que Banco de México suba otros 25 puntos base su tasa en agosto.
Minería sin certeza jurídica
Ya le he comentado que la industria minera encara un entorno complicado ante la ausencia de certeza jurídica para muchas de sus inversiones.
Ahora el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón desestimó la apelación de la firma minera San Pedro Resources, en torno al expediente 106/2020, una decisión que podría acabar con la fuente de empleo de más de 80 familias dependientes de la operación de la mina La Antigua, instalada en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, que gobernará David Monreal.
El magistrado Francisco Saldaña Arrambide no se arriesgó a revisar las declaraciones y alegaciones en la parte principal del caso que data desde 2006, cuando la compañía minera celebró un contrato con el dueño de la concesión de la mina, Javier Martínez Lomas, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares norteamericanos mensualmente o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, más una opción de compra definitiva de la concesión por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos.
El problema es que La Antigua, desde diciembre de 2008, se encuentra fuera de operaciones y bajo cuidado y mantenimiento, ya que desde entonces no ha sido rentable su explotación. No obstante, San Pedro ha intentado desde entonces hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada considerando que no ha habido explotación de la mina, pero en cambio, éste demandó a la compañía.
Las autoridades judiciales locales, específicamente el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, determinaron, por supuestos daños y perjuicios, una multa de más de 23 millones de dólares norteamericanos, lo cual sorprendió a propios y extraños, ya que en el mundo no hay precedente de una condena que pueda ser mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina, es decir, ¿cómo determinó la autoridad una multa de 23 MDD cuando la compra definitiva de la concesión estaba estipulada en 500 mil dólares?
A no ser que haya un acto de corrupción en el proceso, en el cual se beneficiarían el demandante y sus abogados, lo anterior va en contra de lo que ha expresado abiertamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy claro en que su gobierno respetará la operación de las concesiones mineras existentes, además que, en el Poder Judicial, los jueces deben estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares.
La esperanza quedaba en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, sin embargo, al ni siquiera entrar al estudio de los argumentos de fondo que se hicieron valer, la empresa afectada y su operación, lo más seguro entrará en quiebre, y cerrará y, por ende, ocurriría el consecuente despido de todos sus colaboradores y contratistas, sin mencionar toda la derrama económica que se retiraría de la región de Miguel Auza, demarcación que gobernará el morenista Armando Perales.
La ruta del dinero
Nada que los analistas consultado por Citibanamex anticipan nuevas alzas en la tasa de referencia de Banco de México tan pronto como en a próxima reunión del instituto central programada para agosto.
