El pasado 19 de enero se cumplió un año de que entrara en vigor la Ley de Ayuda Alimentaria en México, la cual garantiza incentivos fiscales a los empresarios que proporcionen este beneficio a sus empleados, con el objetivo de que tanto los trabajadores como sus familias, puedan acceder a mejores condiciones alimenticias sin impacto para su economía.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas hizo una recomendación para que en México, el salario mínimo garantice la alimentación de los trabajadores.
Al respecto, es importante señalar que la Ley de Ayuda Alimentaria toma en cuenta entre otros factores, la importancia de mejorar la economía familiar de los trabajadores, toda vez que más del 30 por ciento del ingreso familiar suele destinarse precisamente al gasto en alimentación.
Por otra parte, los incentivos fiscales para la parte patronal consisten en que los gastos en que incurran las empresas para otorgar este beneficio, sean deducibles tanto del impuesto sobre la renta (ISR) como del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), pues las Leyes que rigen dichas cargas impositivas consideran no gravable ese tipo de ayuda.
El incentivo fiscal se aplica tanto a los alimentos que se proporcionen a través de comedores empresariales o industriales, como a aquellos que se entreguen a través de terceros, ya sean restaurantes o vales de comida.
Dicho criterio también alcanza a la ayuda alimentaria que se otorgue a través de canastillas o vales de despensa, sin que ello represente algún tipo de gravamen para la parte patronal o para los propios empleados beneficiados con la prestación.
Al ser la Ley de Ayuda Alimentaria de aplicación voluntaria, no genera obligatoriedad para la parte patronal, no obstante, su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores en beneficio del país, mediante una alimentación sana, balanceada y nutritiva, que reduzca las enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.
Entre los argumentos para la aprobación de esta Ley, se consideró la importancia de que los trabajadores puedan acceder a una alimentación sana, balanceada y nutritiva, con miras a disminuir la alta incidencia de enfermedades causadas por el sobrepeso y la obesidad, lo que en la actualidad representa un elevado costo para el sistema de salud.
