Última actualización el octubre 18, 2024
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Por: Agustín Vargas
- Plan antiinflacionario, al mejor estilo “neoliberal”
- Gobierno planea pacto económico
Dentro del marco de las Reuniones de Primavera de 2022 del Grupo Banco Mundial y el FMI, recortaron sus pronósticos de PIB para la economía global, tanto para el 2022 como para el 2023.
De acuerdo al FMI, el crecimiento de la economía mundial será más lenta como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania, el rápido aumento esperado en las tasas de interés y las recientes medidas de confinamiento en algunas ciudades de China, en una recuperación que aún no se había consolidado tras la pandemia y que ha acentuado algunos problemas previos a la invasión.
En este sentido, la guerra en Ucrania amplificará el impacto de fuerzas económicas presentes antes de la invasión como la inflación y las interrupciones del suministro, que habían llevado a los bancos centrales a endurecer la política monetaria e indicar posiciones cada vez más agresivas en el futuro, incrementando las tasas de interés y la volatilidad de los precios de los activos.
De este modo, la institución internacional espera que el PIB mundial crecerá este año y el siguiente un 3.6%, lo que supone una rebaja de ocho décimas respecto de la previsión de enero para 2022 y de dos décimas en la correspondiente a 2023.
La guerra ha provocado ajustes a la baja en la gran mayoría de todas las previsiones económicas que manejaban los principales analistas internacionales, ya de por sí volátiles debido a una pandemia que se resiste a remitir del todo y a la crisis de suministros global.
El conflicto bélico supone un gran revés para los países que siguen luchando por recuperarse de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, aún vigente. Esto es, el mundo se enfrenta a una crisis, en medio de una crisis ya existente.
Para el caso de México, el FMI recortó su proyección de crecimiento del PIB en 2022 a 2.0%, desde el 2.8% y; para 2023, a 2.5%, desde el 2.7%. La expansión del 2.0% está incluso por arriba de los más recientes consensos de encuestas internas en el país de analistas económicos y financieros.
En lo que va del año, la economía mexicana ha mostrado claros obscuros, con un buen desempeño en el sector externo manufacturero y consumo privado, pero debilidad en la construcción y sector servicios.
De acuerdo al indicador oportuno de actividad económica (IOAE), la economía mexicana tuvo un mal mes en marzo, mostrando un crecimiento estimado de sólo 0.4% con respecto a marzo del año pasado.
Así, el PIB podría haberse expandido alrededor en términos anuales 1.7% durante el primer trimestre de 2022, cifras que, por supuesto, no son nada halagüeñas frente al discurso oficialista que supone un gran despegue económico.
Al mejor estilo “neoliberal”
Reza el dicho popular que “lo que no puedes ver en casa lo haz de tener” y esto aplica muy bien en estos tiempos en que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y su séquito económico no hayan cómo detener la espiral inflacionaria que azota al país que amenaza con desbordarse pronto.
Ante esta situación, el mismo señor de Palacio anunció que la próxima semana se dará a conocer un plan, mismo que su vocero Jesús Ramírez adelantó se trata de un pacto que están por establecer con empresarios y productores del país.
Mediante el eventual acuerdo con empresarios y comerciantes, el gobierno pretende controlar los precios del huevo, leche, frijol, aceite, pollo y tortilla, entre una veintena de otros productos de la canasta básica, para enfrentar la inflación que actualmente atraviesa el país.
El establecimiento de un pacto económico nos remonta a los tiempos de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, los impulsores del neoliberalismo en México, que seguían al pie de la letra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre todo las de ajuste económico.
De concretarse el pacto, el señor de Palacio estaría evocando lo más odia, según él, que es la política neoliberal y a los neoliberales, aunque en el fondo, como ya hemos visto, imita para tratar de enderezar el barco.
“Vamos a dar una opción, una alternativa, mejor dicho se va a poner en marcha un programa para enfrentar la inflación. En una semana más ya presentamos el plan, hemos avanzado bastante, estamos hablando con empresarios, con productores, pero el llamado es a producir, vamos a sembrar”, dijo el mandatario el pasado lunes.
Los pactos
El 15 de diciembre de 1987, el entonces presidente Miguel de la Madrid convocó a los sectores productivos del país a suscribir el Pacto de Solidaridad Económica, que tenía el objetivo de detener el incremento de la inflación, de las tasas de interés, la devaluación del peso y el bajo crecimiento de la economía.
Para 1989, el proyecto fue reforzado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE).
Si bien ambos acuerdos lograron detener en su momento la inflación y mantener un crecimiento económico moderado, ambos pactos también trajeron consecuencias no favorables para la economía, como el deterioro de la capacidad productiva local, la pérdida del valor real de los salarios y un mayor desempleo. Se aceleró el empobrecimiento de las clases medias y populares y se desató un profundo malestar social.
TaI era la situación que había que enfrentar a fines de 1987, acentuada por la caída estrepitosa de la bolsa de valores (octubre 19 de’1987) y por la proximidad de las elecciones presidenciales y de diputados y senadores federales en julio de 1988.
El gobierno tomó la decisión de actuar, adoptando un programa de desinflación, aun cuando esto significaba prolongar el estancamiento, incrementar el desempleo y seguir rezagando los salarios.
Con este propósito en la fase inicial de alineamiento de precios se aceleró la inflación (del 15 de diciembre al primero de marzo de 1988), aumentando de golpe y porrazo en un 85% la gasolina, gas, aceites, tarifas eléctricas, transportes, azúcar y dejando manos libres a los comerciantes para reetiquetar sus mercancías.
Asimismo, se dispararon las tasas de interés hasta llegar al 165% anual para los Cetes; previamente se había acelerado la devaluación del peso a pesar del superávit de la balanza de pagos y de la alta reserva internacional. Los aumentos en los salarios fueron menores, 15% al inicio del pacto y 20% a partir del primero de enero. También hubo nuevos recortes al gasto público.
Se estima que los precios aumentaron en este lapso un 38%, índice que no registra el impacto sobre el presupuesto familiar de las clases medias y populares, ya que éstas destinan más del 80% a adquirir alimentos, medicinas, transportes y otros bienes imprescindibles que aumentaron en mucho mayor proporción, ampliando la brecha entre salarios y precios. Esta aquí parte de esa triste historia para los mexicanos.
