Última actualización el noviembre 7, 2024
Tiempo de lectura: 4 minutosEn una de las sesiones más importantes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se declararía si la reforma judicial es inconstitucional o no, y en la cual se supone que, de paso, el máximo tribunal del país haría gala de su autonomía y de que la división de poderes está más viva que nunca, de repente dio un brusco giro con la actitud que asumió el ministro Alberto Pérez Dayán en pleno debate.
Pérez Dayán era parte del grupo de los ocho ministros de la Corte que hasta el pasado lunes se habían mantenido congruentes en su posicionamiento respecto a invalidar parte de la reforma judicial por considerarla inconstitucional, de acuerdo con el proyecto de sentencia que su colega Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer la semana pasada.
Pérez Dayán, quien hasta antes de la votación del martes se había manifestado a favor de la inconstitucionalidad de la reforma, e incluso presentó su renuncia al Senado, al igual que los otros siete ministros que se han mantenido firmes en su decisión, por no estar de acuerdo con los cambios constitucionales que, se afirma, debilitan al Poder Judicial y lo subordinan al Ejecutivo y Legislativo, fue totalmente incongruente en su actuar, al aflorarle la mentira con la se condujo y la traición que fraguó.
El pleno de la Corte no pudo entrar al análisis de fondo del proyecto de sentencia sobre la inconstitucionalidad de la reforma, pues para ello se requerían ocho votos, contando el de Pérez Dayán, quien votó en contra de llevar a cabo dicho análisis, con lo que la reforma se quedó en los términos en que fue aprobada. Será el próximo jueves cuando los ministros de la SCJN vuelvan a sesionar.
Desde la semana pasada trascendió al interior de la Corte, que los representantes del gobierno y de los legisladores morenistas ya tenían asegurado (comprado) el voto de uno de los ocho ministros disidentes de la reforma para que ésta no fuera declarada inconstitucional. Los rumores de la traición se confirmaron ayer mismo.
Las críticas al ministro Pérez por la mentira y la traición no se hicieron esperar. Alejandro Moreno, presidente del PRI hizo públicas sendas declaraciones en las que cuestiona el actuar de Pérez Dayán, a quien le dijo que con su giro procedimental, “ha asegurado que la reforma del oficialismo pueda quitar a todos los jueces del país mediante una tómbola”.
Le preguntó si ya lo doblaron, luego de informar que la semana pasada, a través de un portal de noticias argentino, se dio a conocer que había denuncias en su contra por “acoso sexual” en la Fiscalía de la Ciudad de México. Mencionó que el ministro lo negó, enviando una réplica. Pero, agregó, “luego de lo votado hoy, crecen las dudas”.
Sin embargo, el líder nacional del PRI expresó que “esperamos que el ministro Pérez Dayán aclare las acusaciones que sobre él se han vertido; y le pedimos que su voto sea libre de presión alguna”.
En redes sociales se le exigió al ministro Alberto Pérez Dayán diera una amplia explicación de su cambio de opinión. Se mencionó que después de la detención de un funcionario de la Corte por acoso sexual, pedirían su desafuero. “Los mexicanos, quienes pagamos su salario, exigimos la verdad. Deja dudas sobre su comportamiento. Eran 8 y ahora son 7. Su voto en contra no lo deja claro. Pareció Cantinflas en su explicación. A rendir cuentas públicamente señor ministro”, se leía en los mensajes.
Galimatías judicial
Dentro del galimatías judicial que se generó en la sesión del martes en la SCJN, lo que resultó verdaderamente entendible es que la mayoría de los ministros resolvieron que los partidos políticos están legitimados para impugnar disposiciones de la reforma judicial. Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte determinó que los partidos pueden interponer acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma.
La decisión se tomó en el marco de la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar inconstitucionales diversas disposiciones de la reforma judicial. Durante el debate, los ministros acordaron separar la votación sobre la legitimación de los partidos políticos para presentar estas acciones, confirmando así el derecho de los mismos a impugnar.
Los ministros que votaron a favor de la legitimación de los partidos fueron Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán (aquí sí este ministro se mantuvo firme con lo que había manifestado anteriormente), Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por otro lado, los ministros que votaron en contra de esta resolución fueron Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, afines al gobierno y a Morena.
La resolución de la SCJN se da a pocos días después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionara la legitimidad de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos PAN y PRI. Sheinbaum consideró que los partidos no cuentan con la personalidad jurídica necesaria para presentar este tipo de impugnaciones. No obstante, la Corte resolvió que los partidos políticos sí pueden impugnar un artículo de la Constitución, otorgándoles una vía legal para cuestionar las reformas al Poder Judicial.
Más deuda para intereses
La Secretaría de Hacienda dio a conocer su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2024, en el que señala que los resultados mostraron “mejores balances fiscales respecto a lo programado como resultado de la conducción responsable de las finanzas públicas, en un contexto donde la deuda como porcentaje del PIB se mantuvo estable”.
Sin embargo, su evolución sigue mostrando cierta debilidad en las fuentes de recursos. Si bien en el periodo enero-septiembre los ingresos totales crecieron 3.3% en términos reales, el gasto aumentó a un ritmo tres veces superior.
Esto propició que los niveles de endeudamiento se elevaran notoriamente. El total de requerimientos financieros del sector público, que de acuerdo con la definición oficial “miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al sector público como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del gobierno” sumaron 1.3 billones de pesos, 42.6% en términos reales más que un año antes.
De esta manera, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de deuda, sumó 16.7 billones de pesos a septiembre, 2.2 billones más que el monto reportado el mismo mes del año pasado y 6.5 billones por arriba del saldo de septiembre de 2018. Como referencia, se tiene que de septiembre del 2012 al mismo mes de 2018 el aumento fue de 4.6 billones.
Es claro que uno de los principales retos del nuevo gobierno será fortalecer las fuentes de ingresos y eficientar la asignación de los recursos con el objetivo de estimular el crecimiento y bienestar de los hogares.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
