La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) se ha convertido en algo más que un regulador ambiental: hoy actúa como un aparato de presión institucionalizado, con la ley en la mano y el “sello de clausura” en los bolsillos. Su discurso es el combate a la corrupción; su práctica, la extorsión administrativa.
En solo tres meses – de febrero a abril de 2025 – ASEA y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervinieron 71 estaciones de servicio en 12 estados. Inmovilizaron 460 instrumentos de medición, clausuraron 61 gasolineras y documentaron apenas 29 casos de litros incompletos. Es decir, la mayoría de las sanciones no se basó en fraude o riesgo técnico, sino en documentos vencidos o ausentes: la Manifestación de Impacto Ambiental, el Acta de Actualización, el sello faltante, etc.
En abril, 31 gasolineras fueron cerradas en seis estados – Puebla, Chiapas y Querétaro, entre otras – por inconsistencias en sus registros administrativos. En mayo, en Veracruz se clausuraron otras seis estaciones y se inmovilizaron 38 instrumentos por no conservar información después de un corte eléctrico. En junio, en Tlaxcala: 10 gasolineras más; todas cerradas sin que mediara derrame, fuga o peligro alguno, tanto para el ambiente como para la población.
¿Qué tipo de “vigilancia técnica” persigue a los operadores que cumplen con las normas físicas pero “tropiezan” con el calendario de trámites? Bajo la dirección de Armando Ocampo Zambrano y la normativa impuesta por César Cano Cuevas, dicha agencia ha transformado el peritaje ambiental en una campaña de control regulatorio opaco, sancionando la forma sin evaluar el fondo.
Este no es un modelo de fiscalización moderna; es una estrategia de presión disfrazada de legalidad. Un trámite desactualizado basta para detener operaciones completas, aún sin evidencia de daño ambiental. Las grandes empresas sobreviven con abogados; las medianas, con miedo.
Si el combate a la corrupción es auténtico, debe enfocarse en prácticas reales de daño, no en expedientes incompletos. Hoy, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente funciona más como extorsionadora institucional que como protectora del entorno. Y eso debería preocupar a todos.
Revisan municipios en Yucatán… El gobierno estatal que encabeza Joaquín “Huacho” Díaz Mena ha comenzado a tomar medidas internas ante la posibilidad de que prácticas irregulares en el manejo municipal se estén replicando en distintos puntos de la costa yucateca. La alerta se activó luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro recibiera denuncias formales contra los alcaldes de Dzemul y Telchac Puerto, cuyas gestiones también están siendo revisadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
En el caso de Dzemul, el edil Willy Flota (MC) enfrenta observaciones por no justificar el uso de 29 millones de pesos, además de acusaciones ciudadanas por posibles actos de extorsión, apropiación de bienes comunales y uso discrecional del presupuesto. En Telchac Puerto, gobernado por el PRI, también se han presentado denuncias similares, lo que ha generado sospechas de que el mismo esquema se habría trasladado de un municipio a otro, especialmente tras la incorporación al gobierno local del ex asesor jurídico de Dzemul, Ariel Omar Herrera.
