Freno al huachicol

Última actualización el 10 de julio de 2025

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Comienza a dar frutos la estrategia del gobierno federal en materia de combate al robo y venta ilegal de combustibles, conocido como “huachicol”.

Tras el decomiso histórico, hace unas horas, de más de 15 millones de litros del producto en Coahuila, en el que participaron elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública federal, hoy comienza a hablarse de operativos exitosos como el recién ocurrido en Ensenada, B.C., y que mantiene “bajo la lupa” a empresas gasolineras que están relacionadas con esta red de distribución ilegal, entre las que figura el grupo Rendichicas.

Se supo que en marzo pasado, en El Sauzal, personal del Ejército Mexicano llevó a cabo la localización de 46 remolques-cisterna, tractocamiones, moto bombas y contenedores con combustible presuntamente obtenido de manera ilícita. Fuentes federales señalaron que el caso ha escalado y una de las empresas investigadas es la ya mencionada Rendichicas, propiedad de Adrián Díaz Villalobos, con presencia en más de 70 estaciones de servicio en Baja California, Sonora y Sinaloa. Se han detectado inconsistencias de trazabilidad del combustible que comercializa así como precios por debajo del promedio.

Además, se investiga la posible relación del predio asegurado con el ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna, quien actualmente se encuentra amparado, y de Luis Torres Torres, vinculado al caso. Hasta ahora no han sido giradas órdenes de aprehensión pero se espera que en breve haya acciones judiciales sobre el caso.

Birmex, antes de licitar ya tiene ganador… A pesar de que el gobierno federal todavía no logra asegurar la adquisición de medicamentos, BIRMEX que dirige el ex diputado federal Carlos Ulloa, ya adelantó la licitación para dar servicio de distribución de bienes terapéuticos al IMSS de Zoé Robledo.

Y lo más grave es que ya hay quienes “alzan la mano” como ganadores. Se trata del grupo farmacéutico SIGMUN S.A. de C.V. y Distribuidora DISUR S.A. de C.V. cuyo propietario, Víctor Sánchez, ya anda “gritando a los cuatro vientos” que es un hecho que la ganó. No descarte que, por su cercanía con los funcionarios de esa dependencia, ya lo tenga “arreglado”.

La licitación No. LA-12-NEF-012NEF001-N-40-2025 lleva como destinatario a las 32 delegaciones del IMSS y sus 26 Unidades Médicas de Alta Especialidad, cuya propuesta se compone de 11 regiones que convierte a cada una en una partida independiente.

Naturalmente que esta licitación luce totalmente amañada de origen si tomamos en cuenta que no se respetaron los lineamientos, pues si bien los proveedores presentaron como requisito la cotización por pieza y precio por kilogramo para material de curación, BIRMEX no publicó la cantidad de medicamentos o de kilogramos para entregar a cada región.

Y si de combatir la corrupción en los Servicios Sociales del Estado se trata, la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE – a cargo de Omar Butrón Fosado – decidió hacer caso omiso a la directriz establecida por el Órgano Interno de Control para evaluar la oferta económica más baja, presentada para la contratación de los servicios especializados de aseo, higiene y desinfección en todas sus unidades médicas e instalaciones y, con ello, mantener la asignación de un contrato con sobreprecio de 23.6 por ciento, por más de 770 millones de pesos, a favor de la empresa Ocram Sayer en alianza con Wilk.

Al negarse oficialmente a realizar la evaluación económica de la oferta más baja en la licitación No. LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, la dirección del ISSSTE a cargo de Martí Batres ha hecho caso omiso a lo señalado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En otras palabras, en lugar de enmendar una licitación que fue señalada oficialmente de favoritismo hacia el concursante ganador, el equipo de Batres optó por burlarse de Raquel Buenrostro y sus auditores.

El pasado 11 de junio en el expediente administrativo INC-006/2025 la titular del OIC, Janet Citlali Ramírez Estela, estableció que el fallo a favor de Ocram Seyer-Wilk fue ilegal por haber omitido con argucias extra legales como “insolvente”, concepto que no figuró en las bases de lictación ni tampoco aplica en los concursos por puntos económicos y técnicos, por lo que Ramírez Estela instruyó a que se repusiera el fallo emitido el 12 de febrero pasado, conforme a un análisis de 36 páginas. De ahí, lo que hoy ocurre con dicha licitación.