El pasado 8 de septiembre de 2025 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los Criterios de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondientes al ejercicio fiscal 2026 que parece seguir el patrón de conducta fiscal seguido en las últimas casi tres décadas del siglo XXI: la reforma administrativa por encima de la reforma integral del sistema fiscal mexicano. Comencemos con los ingresos propuestos.
Es cierto que el contribuyente se encontrará con el aumento en la base gravable de contribuciones como el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que aumentará su cuota a refrescos y bebidas saborizadas (de $1.0 a $3.08 por litro), de cigarros y tabacos labrados (cuya tasa ad valorem subirá del 160% al 200%), apuestas (que pasarán del 30% al 50% ad valorem) o el rubro propuesto para grabar a los video juegos con contenido violento del 8% ad valorem (que se estima producirá 186 millones de pesos en 2026). Hasta aquí, se trata de ampliar la base gravable sobre productos o servicios cuya demanda es inelástica, es decir, no cambia, o apenas sí lo hace ante un aumento en su precio. De hecho, se trata de un gravamen con fines extrafiscales que la doctrina fiscal mexicana ha contemplado de tiempo atrás. No se trata de bienes o servicios de primera necesidad, más bien se busca desincentivar su consumo.
Pese a que se contemplan algunos aumentos en ISR e IVA, sobre todo en retención a intereses bancarios (de 0.5% a 0.90%) o en la novedad en materia FINTECH para la retención de 20% en ISR y 16% de IVA en intereses pagados; todavía estamos frente a un sistema fiscal que ha pospuesto nuevamente su reforma integral. Por ejemplo, se espera un incremente del 3.6% en la recaudación del IVA para 2026, lo que pone en evidencia la confianza que se tiene en el intercambio mercantil, máxime si lo que también se asegura es no sólo la continuidad de programas sociales, sino el aumento de estos. ¿En qué medida este ingreso para los hogares mexicanos, otrora impensable, ha logrado redistribuirlo, pues antes estaba concentrado sólo en algunos sectores? Pero, todavía más importante, ¿hasta cuándo se podrá continuar con este ritmo de gasto público? Vayamos al segundo rubro, precisamente el gasto.
Es verdad que la presidenta de México ha señalado que este paquete económico se caracteriza por ser humanista, garantiza los programas sociales (con más de 987 mil millones de pesos), un aumento en salud (5.9% mayor), educación (3% mayor), inversión (21.3% mayor), en pensiones (3.7% mayor); también lo es que se prevé un endeudamiento mayor, del 4.1% del PIB, para pasar a representar el 52.3% del PIB que, con todo, se encuentra en un nivel aceptable. ¿Hasta cuando? No se debe olvidar que gran parte de lo que se destina a ella es sólo para el pago de intereses, lo que desplaza a otros gastos prioritarios, tan sólo véase en la citada iniciativa, como es que se pretende que con la recaudación tal y como está, pero en un duro y muy admirable combate a la evasión y elusión fiscal, se obtenga un aumento en la recaudación de 4.6%.
Lo anterior es realmente de admirar, pues sin una reforma integral, sino administrativa, se pretende continuar la tendencia en el gasto público como hasta este momento se ha llevado a cabo. Sin embargo, es de tenerse en cuenta que, por ejemplo, en el sector energético se muestra una dependencia de empresas públicas como PEMEX y CFE de las transferencias federales, único medio por el cual podrán tener superávits que les permitan continuar con sus operaciones cotidianas, y eso a duras penas.
A la reforma fiscal mexicana la he definido en mis estudios de Hacienda pública como una «crónica de los deseos no cumplidos», pues desde su independencia en 1821, el estado mexicano no ha podido reformar sus estructuras, confiando el régimen político de cada período histórico en recursos naturales que le permiten sobrevivir, como la plata y el petróleo, por mencionar a los más conocidos. Pero, si se quiere dar continuidad al necesario gasto social, hay reformar al ingreso fiscal, no sólo reforzando las estructuras administrativo-coactivas de cobro, sino aumentando la base gravable y, sobre todo, repensando la estructura del gasto, que debe priorizar el proyecto económico del México del siglo XXI.
El lector debe tener presente que fue el desmedido gasto público, en ese momento concentrado en la guerra, lo que más influyó en la quiebra y posterior fracaso de los imperios ibéricos en América y Europa. Lo remito a conocer la obra de Ernest Sánchez Santiró (coordinador), El gasto público en los imperios ibéricos, siglo XVIII, México, Instituto Mora-SECIHTI, 2015.
*Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México. Miembro del SNII Nivel 2
