En Palacio Nacional no les cayó nada bien la frase de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López que basta de pedir pruebas, que ya es tiempo, más bien de meter a la cárcel a los delincuentes.
Que todos los mexicanos, dijo, estamos esperando que ya no se exijan pruebas y más bien que metan a la cárcel a los delincuentes, reiteró en un claro mensaje con dedicatoria al gobernador de Sinaloa, con licencia, Rubén Rocha.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido constante sus respuestas de pedir pruebas a Estados Unidos sobre la extradición que piden del gobernador Rocha y 9 políticos más, entre ellos el senador Enrique Inzunza.
Si bien se han entregado dos de esa lista, los ex secretarios de Seguridad y de Finanzas, del senador Inzunza se desconoce su ubicación y no ha asistido a sus tareas legislativas en la Cámara Alta.
En preguntas al líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confió a la responsabilidad de Inzunza y que sin duda estará convocado y asistirá al periodo extraordinario de la próxima semana para el tema de elecciones de jueces.
Kenia López insistió que es necesario que todos los políticos, gobernadores, alcaldes, todos los que tengan vínculos con el narco, pues que los rompan.
Ello en respuesta por los dos alcaldes de Morelos que Omar García Harfuch reveló que fueron detenidos por sus nexos con el crimen organizado. Obviamente el gobierno de Sheinbaum quiere disminuir las acusaciones contra la lista que presentó EU de políticos morenistas vinculados al cartel de Sinaloa.
Y lo más grave que en Palacio están esperando, es la segunda lista del gobierno de Donald Trump donde se espera que vengan, sin duda otro gobernador y otro senador de gran calado.
Para garantizar la viabilidad jurídica e inyectar fondos estatales sin riesgo de observaciones de auditoría, el Gobierno de Zacatecas suscribió este lunes un instrumento legal con el ejido de Palmas Altas y la Procuraduría Agraria. Este convenio otorga la certidumbre de tenencia de la tierra requerida para la construcción del nuevo Destacamento Regional de Seguridad (Deres) en el municipio de Jerez.
El gobernador David Monreal Ávila, quien firmó como testigo de honor, centró su discurso en la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Argumentó que la edificación del complejo de seguridad debe realizarse bajo un estricto ordenamiento administrativo, justificando la presencia de las autoridades agrarias federales para validar la cesión de los derechos ejidales.
«Administramos recurso público, recurso del pueblo, y se deben de hacer las cosas de manera formal, diligente, para no dejar problemas», aseveró el mandatario estatal ante los representantes de la Mesa de Construcción de Paz. La declaración subraya un cambio de política frente a obras de administraciones pasadas, ejecutadas sin la debida regularización de los predios, lo que históricamente ha derivado en conflictos patrimoniales.
El andamiaje legal fue avalado por Santos Godoy Álvarez, presidente del ejido; Carmelina Campos Barrientos, secretaria; y Andrés Martínez Luévano, tesorero.
Sus firmas, protocolizadas por el delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Enrique Pérez Compeán, autorizan formalmente el cambio de vocación de las tierras comunitarias para el establecimiento de instalaciones de seguridad nacional y estatal.
La supervisión del Estado de derecho en la zona fue evidenciada por la presencia de altos mandos de procuración de justicia. El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Javier Esquivel Cruz, y el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, atestiguaron el acto, enviando un mensaje de tolerancia cero a la ilegalidad en una región históricamente vulnerable al crimen organizado.
A la estructura de vigilancia se sumó la participación operativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), representado por el jefe de estación Juan Gabriel Sosa Pinto. Su involucramiento confirma que la ubicación de Palmas Altas responde a un mapeo táctico basado en inteligencia federal para desarticular rutas logísticas de grupos delictivos en la sierra zacatecana.
Este acuerdo vinculante obliga ahora a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Obras Públicas a iniciar los procesos de licitación y adjudication de la obra. Con la tierra regularizada, el escrutinio público se traslada a la ejecución presupuestal del Deres, que deberá ceñirse a los calendarios de pacificación prometidos por la administración de Monreal.
